Javier Arredondo y Jorge Mercado: cronología del asesinato de los estudiantes del Tec de Monterrey

Cinco de los seis militares involucrados en el caso fueron sentenciados a 90 años de prisión por el delito de homicidio calificado con agravante de ventaja.

Javier Arredondo y Jorge Mercado fueron asesinados por el Ejército Mexicano en 2010 | Galo Cañas / Cuatoscuro
Anel Tello
Ciudad de México /

Han transcurrido 13 años desde que una lluvia de balas perpetrada en los alrededores del Tec de Monterrey cobró la vida de dos estudiantes que, en palabras de la propia institución, eran "personas dignas de admiración y respeto que se preparaban para transformar al país".

En 2010, México se encontraba sumergido en una incesable ola de violencia que se intentaba justificar con el discurso de 'Guerra contra el Narcotráfico' que el expresidente Felipe Calderón pregonaba desde Palacio Nacional.

No obstante, no fueron las balas de sicarios de la delincuencia organizada las que terminaron con la vida de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, fueron elementos del Ejército Mexicano quienes jalaron el gatillo.

Paso a paso del día del homicidio

Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso siendo recordados tras ser acribillados por el Ejército.

La madrugada del 19 de marzo de 2010 el sonido de detonaciones de armas de fuego ensordeció a estudiantes del Tec de Monterrey que se encontraban en las instalaciones del campus ubicado en la capital del estado de Nuevo León.

La grabación de una cámara de seguridad marcaba las 00:55 horas cuando por los pasillos se aprecia pasar corriendo un joven. Esa fue la última vez que se le vio con vida.

Los casquillos continuaban cayendo en el asfalto y explosiones se escuchaban en los alrededores; la primera versión apuntaba a que miembros del Ejército Mexicano se encontraban repeliendo las agresiones de un grupo delictivo, una situación que se volvió común durante el violento sexenio de Felipe Calderón.

No obstante, todo cambió cuando al amanecer los cuerpos de Jorge Mercado y Javier Arrendondo  yacían sobre la acera frente al campus al que acudían diariamente a estudiar.

De acuerdo con una reeconstrucción de los hechos realizada por el mismo Tec de Monterrey, al amanecer del 19 de marzo la Procuraduría del Estado de Nuevo León le informó a directivos que las personas que fallecieron en aquella violenta agresión eran dos integrantes de la delincuencia organizada.

Fue cuestión de tiempo para que la institución tuviera indicios de que las víctimas eran estudiantes de su comunidad, por lo que se pusieron en contacto inmediato con las familiar para confirmar lo que ya se rumoraba: dos estudiantes habían sido asesinados por el Ejército Mexicano.

El 19 de marzo de 2010, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, fueron asesinados en la puerta del centro de estudios. Foto

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) -hostil e irrefutable como ha tratado de ser desde sus inicios- construyó una versión que aseguraba que ambos jóvenes eran criminales y que, en el momento del enfrentamiento, se encontraban armados "hasta los dientes".

Al confirmarse la identidad de los estudiantes del Tec de Monterrey, entre la ciudadanía y la opinión pública se desató una ola de indignación que se acentuó con un comunicado que la institución difundió para aclarar la información difundida por autoridades.

Más de 2 mil personas se dieron cita el 23 de marzo en un homenaje luctuoso que la comunidad estudiantil organizó en presencia de las familias de los alumnos fallecidos.

Los siguientes días la exigencia de justicia y esclarecimiento de los hechos se hizo presente a través de manifestaciones, comunicados y conferencias de prensa contra la violencia pero, sobre todo, la reivindicación de la dignidad y memoria de Jorge Mercado y Javier Arredondo.

Y es que, pese al reconocimiento de los cuerpos y las voces de protesta de la comunidad estudiantil, autoridades federales continuaron sosteniendo su versión. 

La recomendación de la CNDH

La CNDH emitió una recomendación meses después del asesinato de los estudiantes | Especial

Meses después del crimen y tras múltiples exigencias por parte de la comunidad estudiantil y activistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la Sedena, la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno del estado de Nuevo León por la muerte de ambos estudiantes.

En el documento, la organización expuso los resultados que investigaciones arrojaron y determinaron lo siguiente:

"Del análisis lógico-jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente CNDH/2/2010/1508/Q, se advierte que en el caso se actualizan violaciones a los Derechos Humanos, a la legalidad y la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, al trato digno, a la información, al acceso a la justicia y al honor por actos consistentes en el uso arbitrario de la fuerza pública, tratos crueles e inhumanos, alteración de la escena de los hechos e imputaciones indebidas, así como ejercicio indebido de la función pública cometidos en agravio de Javier Francisco Arredondo Verdugo, Jorge Antonio Mercado Alonso y sus familiares, de la comunidad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y de la sociedad mexicana".

Con dicha postura, la CNDH no solo confirmó que ambos jóvenes eran estudiantes de la institución académica sino que también dejó expuesto que elementos del Ejército Mexicano les sembraron armas y alteraron la escena para hacerlos pasar por miembros de la delincuencia organizada.

Los cuerpos de ambos jóvenes presentaron también disparos de arma de fuego realizadas a corta distancia, además de que desaparecieron sus credenciales y la mochila que portaba uno de ellos al momento del ataque.

Trascendió también que personal del Ejército Mexicano manipuló la posición de los cuerpos de los estudiantes, además de que destruyeron la cámara de seguridad perimetral que se encontraba en la caseta de vigilancia del campus, una zona en donde nunca se debió de llevar a cabo un operativo de esa índole por seguridad de la comunidad.

"El hecho de que miembros del Ejército Mexicano hayan sostenido que los estudiantes Arredondo y Mercado bajaron de la camioneta que los agredió portando armas y que murieron como consecuencia del enfrentamiento que sostuvieron con ellos, implica una transgresión al derecho a la información veraz para acceder a la justicia que deriva del artículo 60. constitucional", se lee en otra parte de la recomendación emitida por la CNDH.

La postura de la organización orilló al Estado a tomar medidas en contra de aquellos militares que se vieron involucrados del caso, de modo que, poco a poco comenzaron a ser detenidos.

La disculpa de Olga Sánchez Cordero

Olga Sánchez Cordero se pronunció sobre el asesinato de los estudiantes en 2019 | Cuartoscuro

En el marco de la conmemoración del asesinato de ambos estudiantes, en 2019 la ex titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública a los familiares de las víctimas en nombre del Estado Mexicano.

La senadora se refirió a los hechos como una grave falta en el desempeño de los funcionarios públicos al frente pues, si bien el crimen fue cometido por personal de la Sedena, tanto la PGR como el gobierno de Nuevo León participaron en el encubrimiento al obstaculizar el acceso a información o videos claves para esclarecer el caso.

Por su parte, el entonces titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl Conzález Pérez, recordó la recomendación emitida por la institución y mencionó:

"No eran delincuentes, eran estudiantes y no merecían perder la vida en las condiciones en que lo hicieron".

La sentencia a los responsables

La tarde del pasado martes, los militares involucrados en el asesinato fueron sentenciados a 90 años de prisión luego de 13 años de incansable lucha y exigencia de justicia.

El delito por el que fueron condenanos fue el de homicidio calificado con agravante de ventaja, no obstante, el juez José Reynoso Castillo aclaró que el sistema judicial sólo permite que se cumplan 60 años.

Los imputados aún tienen pendientes condenas por los delitos de robo de identidad, abuso de autoridad y exceso de fuerza.

De los seis militares involucrados en el caso, uno continúa prófugo en tanto que tres más están en una cárcel militar y otros dos en una prisión de Nuevo León.

Historias como esta, la de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la Matanza de Tlatelolco han dejado expuesto como a lo largo de los años el Estado Mexicano no solo se ha encargado de "silenciar" a los estudiantes sino que también los mata y desaparece, desvaneciendo poco a poco la promesa de estar del lado de la ciudadanía.

ATJ

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