Para Elvira Martínez, el tiempo se detuvo en las bandas de mantenimiento de la mina Pasta de Conchos. Allí, en la unidad 8 ubicada en San Juan de Sabinas, Coahuila, trabajaba Jorge Vladimir desde año y medio atrás; era el hombre con el que planeaba envejecer y quien, la madrugada del 19 de febrero de 2006, quedó sepultado en la región carbonífera junto con otros 64 mineros.
El luto de Elvira se convirtió en una carrera contra el olvido. Dos décadas han pasado desde entonces. Han desfilado cinco presidentes y una procesión de promesas incumplidas de alcaldes, gobernadores y fiscales. Gobiernos y partidos han usado el caso para acreditar o desacreditar gestiones.
Durante el primer año tras la tragedia, las inmediaciones de la mina fueron su hogar. Mientras sus padres cuidaban a sus tres hijos, ella custodiaba una reja perimetral que le negaba el acceso para bajar a buscar el cuerpo de su esposo. MILENIO conversó con mujeres que, como ella, no soltaron la reja de la mina. Madres que han envejecido esperando; hijas que en 2006 eran apenas unas niñas y que hoy encabezan la exigencia de justicia; y activistas que buscan descarbonizar la región.
Resignadas, saben que culpables tras las rejas difícilmente habrá. Su exigencia sigue siendo encontrar los restos de los 38 mineros que aún faltan por localizar, pero también conocer la verdad científica de una explosión cuyo origen sigue siendo un secreto de Estado. Elvira sabe que el rescate en Pasta de Conchos siempre fue posible, pero la verdad sigue sepultada.
Aquel 19 de febrero de 2006, la fatalidad entró en la sala de los Muñoz. Yesenia, entonces una niña de 12 años, hacía la tarea. Su padre, Jorge, se despidió de ella antes de bajar a la mina para cumplir con el turno de tercera. Fue la última en recibir un adiós y la primera en entender que él no volvería.
"Lo esperábamos con un chocolatito, una galletita... cuando nos dimos cuenta que no llegó, fui a la tienda y el señor de ahí estaba escuchando en la radio que había explotado la mina", recuerda Yesenia. “¿Qué, tu papá no estaba en la mina que explotó?”, le preguntó; ella no supo más que negar y correr a casa.
Durante veinte años, a ella le ha acompañado un duelo incompleto, un vacío marcado por las excusas técnicas de un rescate que, en su momento, fue declarado imposible por las autoridades.
Aún recuerda al ex presidente Vicente Fox (2000-2006) ordenar durante las primeras horas que “toda la capacidad del gobierno federal estuviera presente” o al entonces secretario del Trabajo, Francisco Salazar, advirtiendo sanciones contra la empresa Grupo México, propiedad de Germán Larrea.
Hoy confiesa tener "sentimientos encontrados": gratitud por quienes no soltaron la lucha y una rabia sorda hacia quienes las ignoraron. Tiene claro que nadie en este país debería esperar dos décadas para recuperar lo que, por derecho humano y dignidad, le corresponde: “De cierta manera, impotencia de saber que en su momento se nos negó el derecho de darle una despedida... El duelo que nunca completamos".
La versión oficial determinó que fue una explosión de gas metano. Sin embargo, para quienes se quedaron afuera, esa explicación general es insuficiente. Las familias alegan hasta la fecha la falta de ventilación y de medidas de seguridad, como una cuerda de vida.
Su madre, Elvira, insiste: “Yo tengo la inquietud de la búsqueda de la verdad de cómo pasó todo allá abajo”, asegura. “Queremos saber qué pasó. Si bien podemos exigir que se finquen responsabilidades penales, ya pasaron 20 años y los delitos prescriben, pero la verdad no”.
La herencia de la búsqueda
Al año siguiente de la tragedia, el gobierno federal y la empresa Grupo México clausuraron las búsquedas, alegando que el agua contaminada y la inestabilidad del terreno hacían imposible el rescate. En ese momento quedó abierta la herida de Pasta de Conchos, una de las más grandes tragedias mineras en nuestro país, que alcanzó a madres, hijas, esposas y sobrinas desgastadas por dos décadas de lucha. Incluso muchas se han quedado en el camino sin saber de sus hijos o esposos.
"Yo perdí a mi padre en el momento que se ha volcado a la localización de su hermano. Se ha dedicado 20 años tras la verdad y la justicia, buscando esa recuperación de los cuerpos", declara a MILENIO Karla Gutiérrez, sobrina del minero Ricardo Hernández, quien aún forma parte de la lista de los no localizados.
Karla tenía 21 años cuando la mina colapsó. Desde entonces, ha visto cómo la vida de su padre —minero de oficio que conocía el interior de los socavones— se consumió en la exigencia de un rescate que las autoridades siempre tildaron de imposible.
"Llegaba a casa devastado a comentarme lo que estaba pasando porque miraba mucha negligencia, muchas mentiras... él ya sabía trabajar en una mina, sabía cómo debían rescatar pero no lo hicieron".
Para su familia, el tema de Pasta de Conchos no es una efeméride, es su día a día. Karla relata que su padre, ante el paso del tiempo, le ha pedido que, si él llegara a faltar, ella mantenga la promesa que le hicieron a sus abuelos: hacer todo lo posible por recuperar el cuerpo.
Para el Estado mexicano, la exigencia de las familias fue durante años un despropósito financiero y humano. El punto más crudo de esta postura llegó con Javier Lozano, secretario del Trabajo entre 2006 y 2012, quien desestimó cualquier intento de recuperación calificándolo como una "pérdida de tiempo, dinero y estar generando una falsa expectativa en las familias; me parece miserable", dijo durante una entrevista televisiva.
"Al parecer valen más ahí escondidos enterrados, que afuera", reprocha Karla, al señalar que mientras las concesiones y el dinero de los empresarios fluyen, la justicia para los culpables sigue siendo un pendiente que ningún gobierno ha querido tocar de fondo. "Faltan los mineros por rescatar, pero aún falta mucho. Yo miro que este gobierno no se ha enfocado en los culpables", advierte.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el caso se mantuvo bajo tierra. La Secretaría del Trabajo, encabezada por Alfonso Navarrete Prida, se alineó con la idea de una "imposibilidad técnica" por riesgos de gases e inestabilidad. Fue un sexenio de puertas cerradas hasta que la presión de las familias llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2018 admitió el caso, señalando que el Estado mexicano tenía la deuda pendiente de investigar y recuperar los cuerpos.
El tablero político cambió en 2018 cuando Andrés Manuel López Obrador usó el tema como bandera de campaña. Señaló la falta de "corazón" de Germán Larrea por no invertir en desenterrar a los mineros, pero el discurso enfrentó la cruda realidad del subsuelo al llegar al poder; ya como presidente, reconoció que el rescate "no va a ser fácil, va a tener muchos riesgos". Y así ha sido.
Con una inversión federal que supera los 2 mil millones de pesos —ejecutados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE)— se demostró que el rescate siempre fue viable. Paradójicamente, fue el propio Estado con recursos públicos, y no la compañía responsable, quien terminó asumiendo las indemnizaciones y el costo de una obra de ingeniería que hoy intenta saldar una deuda histórica.
Desde junio de 2024, se ha logrado la localización, a unos 146 metros de profundidad, de un total de 25 mineros. De ellos, 23 ya recuperaron su nombre y apellido tras complejas pruebas de ADN coordinadas por la Fiscalía General de la República (FGR); dos restos más aún aguardan en el anonimato de un laboratorio forense.
Zona de sacrificio
Cristina Auerbach, activista y defensora de derechos humanos de la Organización Familia Pasta de Conchos, llegó a San Juan de Sabinas dos días después de la explosión y desde entonces ha brindado asesoría legal y emocional a las familias.
Auerbach sostiene que la narrativa de la imposibilidad del rescate siempre fue una falacia. "Sí podían sacar [el carbón], pero no podían sacar mineros; y sí los sacaron", afirma, aludiendo a cómo la prioridad siempre fue la producción por encima de las vidas. Califica como "infame" que tras dos décadas no exista un solo castigo para los responsables, mientras que los familiares han sido los únicos que han purgado una condena de espera y maltrato.
La organización ha dejado de enfocarse únicamente en la Mina 8. El dolor se extendió a otras familias de minas y cuevas de la región que se han ido incorporando a la lucha. Para Cristina, la única justicia real es la que impide que la historia se repita, y eso —dice— no pasará si no se deja atrás el carbón.
"No hay medida de no repetición que no sea dejar el carbón. En 20 años no han aprendido, no han querido y han dañado a toda la región, que la volvieron una zona de sacrificio", explica. Bajo esta lógica, la vida humana en Coahuila parece estar supeditada al mineral: "No importa si antes de Pasta mueren 3 mil o si después mueren 125, lo importante es que siguen sacando carbón".
Frente a la necesidad de una actividad productiva para la región carbonífera, la organización inició hace tres años el proyecto "Sembrando Transición". Es una respuesta directa a quienes les dijeron que esa tierra, después de la explotación minera, ya no servía para nada.
"Están probando que sirve para sacar alimentos. Los huertos traen esperanza y alegría, son un espacio comunitario", detalla Auerbach. Con este proyecto, buscan demostrar que no es necesario canjear la vida por un empleo mal pagado que, a menudo, termina en tragedia. Por lo que el rescate -dice- debe caminar de la mano con una transición energética que devuelva la dignidad a la tierra.
Para las familias, la llegada del gobierno de Claudia Sheinbaum representa la etapa definitiva. El compromiso es continuar la búsqueda en las galerías restantes, pero para las mujeres de Pasta de Conchos, la misión ya no es solo mover tierra; se trata de romper el silencio técnico que ha durado dos décadas. El reto, ahora, es explicar qué provocó la explosión.
Elvira Martínez advierte que seguirá esperando: “Aquí es hasta donde nos alcance la vida para ver si vamos a lograrlo. Lo más triste de todo esto es la gente que ya se ha ido… viudas, hijas, padres y madres que ya no alcanzaron a ver".
LG