Centrado en sí mismo, dado a no escuchar, extrovertido y polémico, el empresario y aspirante a político de 52 años, Pedro Segura Valladares, organizó un pequeño grupo de familiares disidentes de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa que ha exigido la libertad del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y que, al ser inesperadamente invitado el 11 de enero pasado a una reunión del Comité de Madres y Padres de Ayotzinapa con la secretaria de Gobernación y otros funcionarios, hizo fracasar el encuentro.
Además, sembró la duda sobre si el objetivo es dividir a los padres de los jóvenes desaparecidos o, incluso, suplantarlos.
En 2021, Segura obtuvo el 6 por ciento de los votos como candidato a gobernador de Guerrero por los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México.
Ahora, con su hermano Pablo como secretario general del Partido Encuentro Solidario –que ya ha perdido dos veces el registro como partido nacional y cuyos membretes con registro local quedaron a disposición del mejor postor–, lo emplea como vehículo para sus aspiraciones políticas.
Primo de Francisco Salgado Valladares, quien como subdirector de la policía de Iguala participó en la desaparición de los normalistas y está preso por delincuencia organizada, el papel de Pedro Segura en ese conjunto de crímenes está bajo la lupa.
Denuncias integradas al expediente del caso Ayotzinapa señalan su presunto involucramiento en los hechos y su supuesta pertenencia a Guerreros Unidos, pues él y Pablo les prestaron un rancho y protección a los hermanos Casarrubias Salgado, líderes de ese grupo delincuencial, para asesinar a una parte de los estudiantes, que habrían sido enterrados en esa propiedad de los Segura.
Pedro presume, además, su cercana amistad con el patriarca del clan caciquil del municipio de Huitzuco de los Figueroa, el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, de quien dijo que lo ayudó a burlar la acción de la justicia respecto de su involucramiento en este caso.
En el expediente constan declaraciones de testigos que indican que a otro grupo de los estudiantes desaparecidos se lo habrían llevado policías de Huitzuco; escucharon que quien iba a decidir qué hacer con ellos era alguien a quien se refirieron como “el Patrón”.
Pedro Segura recibió la solicitud de entrevista de este periódico pero no respondió a ella.
Las maniobras de Segura con los padres
Usuario asiduo de redes sociales, Segura suele publicar videos en los que incomoda a sus interlocutores con chistes pesados que estos aguantan sin sonrisas ni objeciones.
Utiliza sus cuentas en redes sociales para ostentar lujos, presumir negocios y regalar dinero; para proclamar a “mi ídolo Nayib Bukele”, de El Salvador, como “el mejor presidente del mundo”, y advertir que, antes que ceder a intentos de extorsión que denunció, “prefiero comprar armas y contratar a ex militares para pelearle a todo el mundo”.
El 4 de enero apareció en video con algunos de los padres de los 43 desaparecidos, a los que al principio llama “hermanos” y el resto del tiempo, “esta pobre gente”, y de los que se conduele porque “a mí lo que se me hace injusto es porqué los expulsaron de la universidad [en referencia a la Escuela Normal de Ayotzinapa], simplemente porque marcharon conmigo”.
Entonces le pide a uno de ellos explicar esta situación. El aludido apenas alcanza a presentarse, “soy Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello”, y a decir algunas frases más durante 23 segundos, antes de ser interrumpido a media palabra por Segura, quien se come el resto de los 11 minutos del video.
“A ustedes los usan nada más para sacarle dinero al gobierno”, les dice antes de indicarles que, tras nueve años desde la noche de Iguala, “a ese abogado [Vidulfo Rosales, representante legal del Comité de Padres] lo tienen que cambiar, yo no tengo nada en contra de Vidulfo pero si un equipo de futbol no gana campeonatos, tienes que cambiar al coach”. Y Segura lo sabe porque “yo no soy pendejo, yo tengo mentalidad estadunidense, señores”.
Antes de terminar, sin haberles vuelto a permitir hablar a los familiares, aprovecha para anunciar que viajará a Brasil, Dubai, España, Singapur y que rifará dos boletos para que una pareja lo acompañe.
El 21 de enero, el grupo reunido por Segura se presentó ante la prensa para pedir que el abogado Rosales deje de representar a los familiares de los desaparecidos.
Con Abarca, con Figueroa… ¿y con Guerreros?
“Simplemente porque marcharon conmigo”: Pedro Segura se refiere a una manifestación del 28 de agosto de 2022, que organizó para exigir la liberación de José Luis Abarca, el ex alcalde de Iguala. Causó enorme sorpresa la presencia de algunos padres de los 43 jóvenes, desaparecidos por intervención directa de Abarca, según todas las versiones conocidas de esos hechos, tanto en el gobierno de Enrique Peña Nieto como en el de Andrés Manuel López Obrador.
“Ya basta de tantas mentiras, con todo respeto, José Luis Abarca no es el culpable”, dijo el mismo Francisco Rodríguez que habla en el video mencionado. En ambos encuentros también estuvo Celso García Aristeo, padre del estudiante desaparecido Abel García Hernández, quien portaba una gorra blanca que rezaba “Fam Abarca inocentes”.
El progenitor del normalista Alexander Mora Venancio (el primero cuyos restos fueron identificados), Ezequiel Mora, participó en el evento y murió al día siguiente en el Hotel Vida en el Lago del pueblo de Tepecoacuilco, propiedad de Pedro Segura, donde había alojado al grupo. Oficialmente, la causa fue infarto.
Una denuncia del 17 de octubre de 2014 –tres semanas después de la desaparición–, que obra en el expediente del Caso Ayotzinapa bajo el número DEGUE 220, indica que Ángel y Adán Casarrubias Salgado (hermanos de Mario y Sidronio, acusados de haber jugado un papel central en los ataques de esa noche), con su padre Rafael, llevaron a un grupo de los normalistas desaparecidos “en tres camionetas grandes” a Los Sauces, municipio de Teloloapan, en donde se encuentra el rancho de Pedro Segura, y que este y su hermano son “los narcotraficantes que los protegen”.
Una segunda denuncia, que también señala el predio de Los Sauces, fue registrada el 8 de noviembre posterior. Y el 20 de abril de 2016, Édgar Nieves Osornio, agente del Ministerio Público adscrito a subprocuraduría de Derechos Humanos y Prevención del Delito recibió el reporte de agentes que mencionaron que a Pedro y Pablo Segura “se les vincula con la organización delictiva Guerreros Unidos”.
La única reacción concreta de las autoridades contra los Segura, aparentemente de 2017, fue referida por el propio Pedro, al dirigirse a los manifestantes desde el templete: narró que el gobierno federal quería “sembrarle muertos” en su rancho de Los Sauces y que logró evadir la acción gracias a la ayuda de otra de las figuras sospechosas del caso Ayotzinapa: “le debo ese gran favor a un hermano que doy la vida por él, y es el ex gobernador Rubén Figueroa, fue él que me echó el pitazo”.
La presencia de algunos padres le sirvió para darle credibilidad a sus reclamos de inocencia propia y de José Luis Abarca. Aseguró que él mismo los convocó, que “unos no pudieron llegar, otros están aquí abajo, pero estamos todos unidos”, y concluyó señalando “qué más verdad que aquí están los padres de los 43, apoyando a José Luis Abarca, que él no es el culpable. ¿Qué más quieren?”.
Ofrecimiento de dinero
La desaparición del normalista Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa encontró a sus padres separados por años. La fractura se ha hecho más grande pues el hombre, Alfonso Rodríguez Sánchez, es parte del grupo de Pedro Segura, en tanto que la madre, Concepción Tlatempa, participa en el Comité que agrupa a la mayoría de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa.
Entrevistada este 26 de enero frente al Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, al iniciar la marcha mensual en demanda de justicia, la señora Tlatempa recuerda que el esfuerzo de Segura por cooptar el movimiento de resistencia inició pocos días después de la noche de Iguala, en octubre de 2014.
El empresario llegó a presentarse en una reunión en el Centro Pro de Derechos Humanos en la que presumió de ser muy rico y de su cercanía con el entonces gobernador guerrerense Ángel Aguirre; dijo que en un maletín llevaba 100 mil pesos y quiso sembrar la discordia asegurando ya haberles hecho pagos a varios de los padres presentes, “ya tengo a 30”, insistía.
“Quería darnos a todos, a algunos se nos salieron las lágrimas, ¡aquí no lo queremos, no queremos su cochino dinero, lárguese mejor! Se retiró pero antes dijo ‘yo sé qué pasó con sus hijos, tengo mucha información de dónde los fueron a tirar’, y pues nosotros ya no quisimos oír”, recuerda la señora Tlatempa.
Al paso de los años y del desgaste, no todos resistieron. Según Concepción Tlatempa, el mencionado Francisco Rodríguez Morales y Felipe de la Cruz, un padre que fue desconocido por el Comité por buscar una candidatura por un partido político, se llevaron a su ex esposo Alfonso y a otros a ver a Pedro Segura a su rancho, donde “les pagaba para que hablaran mal de nosotros y que hablaran bien de José Luis Abarca, que lo liberen. Y los lleva a marchar”.
“Nos quiere dividir”
Al llegar a la reunión del 11 de enero de este año en la Secretaría de Gobernación y ser introducidos a una sala de espera, las madres y los padres de Ayotzinapa se sorprendieron al ver que, sentados contra una pared, se encontraban los del grupo de Pedro Segura, que habían arribado antes.
“Señora, no queremos a esa bola de gente”, se dirigió Mario González, padre del normalista César Manuel, a la secretaria Luisa María Alcalde. El subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina, replicó que también son padres y tienen el mismo derecho, a lo que González repuso que “ellos andan marchando en Iguala para que liberen a José Luis Abarca y no los queremos aquí”.
En más de nueve años de encuentros con autoridades federales, antes con Peña Nieto y ahora con López Obrador, nunca los habían tratado de sentar con la gente de Pedro Segura. Pero ahora, como Medina les dijo que no sería de otra manera, los familiares decidieron abandonar el recinto.
“Lo vimos mal porque nosotros somos mayoría y ellos minoría”, reflexiona la señora Tlatempa, “estamos comprendiendo que el gobierno sí, pues sí nos quiere separar, porque ¿cómo nos confronta? No vamos a permitir que se hagan esas reuniones”.
Después de más de un año y medio de desencuentros, que empezaron en septiembre de 2022 con la inesperada cancelación de 21 órdenes de aprehensión ya concedidas por el juez, a raíz de una decisión asumida por el presidente López Obrador, no abunda el optimismo entre las madres y los padres de Ayotzinapa.
Porque además el funcionario que le dio seguimiento al caso durante el sexenio, Alejandro Encinas, presentó su renuncia en octubre a la Subsecretaría de Derechos Humanos y a la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, y fue reemplazado por Medina.
“Como vemos, pues el gobierno ya no está trabajando bien, porque quiere dividirnos. Y siento que esto, pues no sé cómo vaya a terminar”, admite la señora Tlatempa.
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