El ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue declarado culpable de todos los cargos en su contra, lo que significa que recibirá una sentencia mínima de 55 años en prisión, según el código penal estadunidense.
La acusación 1:19-cr-00576-BMC, bajo la cual se basa la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, los cargos exactos en contra del expolicia son: continuar una empresa criminal, distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y falsas declaraciones.
Según el código 848 en su apartado 21 el primer cargo por el que fue sentenciado Genaro García Luna podría ser sancionado con una pena de prisión que no podrá ser menor de 20 años y que podrá ser hasta de cadena perpetua.
En el caso del cargo dos, la pena será no menos de diez años y en casos particulares puede alcanzar una pena de perpetua y multa de hasta 10 millones de dólares. Sobre el cargo tres, que es la conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína, la pena es la misma que el dos, una sentencia mínima de 10 años en prisión y una máxima de toda la vida. La misma sentencia de una década como pena mínima en el cargo cuatro.
Mientras que por falsear declaraciones según el código penal la sentencia está tasada en un máximo de cinco años en prisión. Es decir, que la pena mínima para García Luna sería de 55 años en una prisión federal.
En la acusación criminal acusan a Genaro García Luna de la distribución internacional de 23 mil kilos, distribución internacional de 19 mil kilos de cocaína, distribución internacional de 1997 kilos de cocaína, entre otros.
Según la primera información que ha llegado desde la corte, el funcionario quedó en custodia del gobierno estadunidense y estará en prisión hasta que se dicte sentencia el próximo 27 de junio.
El jurado creyó en la declaración de ex narcotraficantes del cártel de los Beltrán Leyva y el de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán.
Fue gracias a este juicio que ahora se conoce como operaron altos mandos de seguridad durante la administración de Felipe Calderón para favorecer, sobre todo, al cártel de Sinaloa y permitirle continuar con el tráfico de drogas a Estados Unidos, a pesar de la guerra que había declarado abiertamente el ex presidente panista.
Otros que figuran en la acusación y aún no han sido extraditados a México son Ramón Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino, entonces jefe de la División de Seguridad Regional y de la División de Caminos de la Policía Federal.
LP