Con maquinaria especializada, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) dio por concluido el retiro de más de 100 cuartos privados e irregulares en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de San Miguel, en la ciudad de Puebla.
De acuerdo con el informe de la propia secretaría se seguridad, entre las 104 habitaciones que fueron destruidas tras su detección al interior del Penal de San Miguel, estas tenían diversos usos como tiendas de abarrotes, locales de venta de ropa y zapatos; baños, farmacias, restaurantes, encuentros íntimos, ferretería, barbería, dos gimnasios y dos quioscos.
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Sin precisar quién sería el grupo o persona que tendría el control de dichos negocios privados dentro de la prisión, se dio a conocer que al menos para las administraciones pasadas del Penal de San Miguel, estos negocios internos habrían dejado ganancias de hasta 12 millones de pesos cada mes.
Esta labor de retiro fue ejecutada por la Subsecretaría de Centros Penitenciarios estatal, misma que a través de una notaría pública dio fe legal de la demolición. Dicha acción forma parte del seguimiento a las órdenes del gobernador Miguel Barbosa, quien señaló que los diferentes mandos a cargo de la SSP y del centro penitanciario le habrían mentido, pues supuestamente los locales ya no existían en su administración, lo cual no resultó cierto.
Lo anterior, pues en agosto de 2019, el mandatario poblano habría ordenado a la SSP la demolición del denominado "pueblito" y los ex titulares Raciel López Salazar y Rogelio López Maya habrían asegurado al gobernador que esta zona "VIP" había sido destruida. El 14 de junio de 2021, en conferencia de prensa, Miguel Barbosa señaló que había sido destruido de manera oficial el sitio que, presuntamente, era patrocinado por Los Chiapanecos, un grupo de colaboradores liderados por Raciel López Salazar, quien fue destituido de su cargo el 9 de abril del 2021.
El comercio del "pueblito"Dentro de los cuartos desmantelados, se informó que los gimnasios contaban con regaderas y baños de vapor. Las habitaciones tenían instalaciones similares a las de hoteles para encuentros íntimos, cuya renta presuntamente oscilaba entre los 2 mil 500 pesos con servicio de "compañía". Además, había restaurantes con un extenso menú, cuyo costo llegaba hasta mil pesos por comida o cena.
Asimismo, entre la comunidad interna trascendían los altos costos de los tipos de servicios y productos, desde alimentos, ropa y medicamentos que podían incluso tener diez veces su valor que en el exterior del penal.
Los "emprendedores"
Aunque se especula que la existencia del "pueblito" se remonta a gestiones gubernamentales previas, en los últimos años este sitio tuvo un crecimiento exponencial de gran dimensión debido al autocontrol que se detectó en el Cereso, mismo donde los criminales recluidos mantenían nexos cercanos con las autoridades del penal y la seguridad pública del estado.
Por ello, luego del caso del bebé Tadeo, donde se halló el cuerpo sin vida de un bebé en enero de 2022, salió a la luz una red de corrupción interna donde incluso las visitas realizaban ingresos de paquetes, además de que se mantenía un sistema de privilegios que eran contados por internos, guardias y mandos superiores.
En el penal de la ciudad se realizaban diversas actividades ilícitas para obtener ganancias económicas cada día, por lo que las autoridades estatales trasladaron a 120 internos de alta peligrosidad a Centros Federales de Reinserción Social, ya que buscaban el control de la prisión poblana.
AFM