La investigación por corrupción y malversación de recursos a través de la denominada “estafa siniestra” sigue su curso, no sólo con titulares de presidencias municipales involucradas, sino que se detectó la presunta participación de ex funcionarios públicos de primer nivel en este ilícito, informó el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) Santiago Nieto Castillo.
A través de declaraciones de los ocho presidentes que ya fueron vinculados a proceso o que ya cuentan con prisión preventiva justificada por estos hechos de corrupción, detalló el funcionario estatal, se brindó información que vincula a seis personas de la anterior gestión en este ilícito, todos ellos otrora titulares de secretarías o subsecretarías del gobierno estatal.
Pese a que no detalló nombres o áreas de adscripción de los mismos, por el respeto al debido proceso y la confidencialidad de las carpetas de investigación iniciadas en su contra, Nieto Castillo reiteró la cero tolerancia a la impunidad por estos actos, en los que se desvió un recurso de 522 millones de pesos e involucra al menos a 13 ayuntamientos y dos secretarías del Ejecutivo estatal.
“Tenemos ocho alcaldes vinculados a proceso o con prisión preventiva justificada, varios alcaldes están aportando información que involucra a funcionarios de primer nivel, que es el siguiente paso de este proceso de indagatorias de la ‘estafa siniestra’; hasta el momento logramos la recuperación de más de 100 millones de pesos por este ilícito; tenemos bajo investigación a seis personas involucradas, no puedo dar más datos, son secretarios y subsecretarios, pero seguiremos trabajando en esto y mantenemos la cero tolerancia a la corrupción e impunidad”, reiteró.
Destaca avances en procuración de justicia
Por otro lado, el encargado de despacho de la PGJEH Santiago Nieto Castillo, informó sobre la vinculación a proceso de dos personas involucradas con el despacho jurídico Díaz Cravioto, esto por el delito de fraude y con base en dos líneas de investigación principales, una de ellas, detalló, por un monto de 114 millones de pesos, mientras que la otra asciende a 39 millones de pesos.
Además, resaltó, dentro de los casi cinco meses de la actual gestión se ejecutaron más de 500 órdenes de aprehensión, de ellas el 40 por ciento son por delitos de naturaleza sexual; además de que en el mes de enero se han judicializado 320 carpetas de investigación en distintos delitos como fraude, vinculados por peculado y asuntos relacionados con violencia familiar, “vamos a seguir trabajando en esta política de protección d de derechos humanos de todas las personas”.