La Procuraduría General de la República interpuso un “incidente de imposibilidad real, jurídica y material” para cumplir con la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala, como ordenó un tribunal colegiado.
El documento, firmado por Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, y encargado de despacho de la PGR, fue presentado el jueves pasado ante el tercer Tribunal unitario del decimonoveno circuito, que preside el magistrado Sabino Pérez García.
El asunto está en el tribunal unitario porque es el que debe acatar la resolución del primer Tribunal Colegiado con residencia en Reynosa, Tamaulipas, el cual, además de ordenar la creación de la comisión, emplazó a reponer el procedimiento a siete personas que presuntamente participaron en el ataque, secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, en Iguala y Cocula, Guerrero.
El incidente de la PGR fue presentado solo por lo que hace el caso de Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, y tres personas más que presuntamente forman parte del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes obtuvieron la protección de la justicia dentro del juicio de amparo 203/2017, resuelto por el primer Tribunal Colegiado en Reynosa.
Falta que interponga los mismos recursos en los juicios de amparo de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; Salvador Reza Jacobo, El Wereke, y Gildardo López Astudillo, El Gil.
El escrito y dos anexos de la PGR fueron entregados por los agentes del Ministerio Público federal Carmen Lucía Sustaita Figueroa e Ignacio Gilberto Silva Hernández.
“Por otra parte, a efecto de estar en posibilidad de notificar el presente proveído a las personas a quienes se les reconoció el carácter de víctimas en la causa penal 124/2014, gírese atento oficioso vía sise, al juez primero de distrito de procesos penales federales, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, para que en el término de tres días, contados a partir de que reciba la notificación del presente auto, informe el nombre y domicilio de los representantes de dichas víctimas. Debiendo rendir el informe correspondiente por la misma vía sise”, detalla el acuerdo del magistrado Sabino Pérez en el juicio de amparo 177/2015.
Ayer, los procuradores y fiscales del país se manifestaron contra la resolución del tribunal que ordenó la creación de la comisión de la verdad, porque señalaron que no es la autoridad facultada y solo provoca una afectación al orden jurídico nacional.
“El pronunciamiento hace ver eso, precisamente, un exceso del tribunal colegiado en la resolución que se dictó; un tribunal colegiado no tiene facultades constitucionales para ordenar la creación de una Comisión de Justicia y Verdad”, declaró Alejandro Gómez Sánchez, procurador del Estado de México.
En el contexto de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Víctor Carrancá, fiscal general de Puebla y vocero de los procuradores, dijo que el fallo del primer Tribunal colegiado del decimonoveno circuito es una clara contravención al texto constitucional, pues vulnera los principios de Supremacía Constitucional, de reserva de ley, de separación de poderes y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo trastocando la esencia del Ministerio Público.
CRITICAN POSTURA
El vocero de los padres de los 43, Felipe de la Cruz, reprochó la impugnación de la PGR a la creación de la comisión de la verdad y cuestionó la postura que fijaron los fiscales reunidos en Acapulco.
Calificó de “desfachatez” su actitud y la intención de seguir protegiendo a los responsables de la desaparición, y exigió al gobierno cumplir la sentencia del tribunal sin cortapisas.
“Los procuradores se manifiestan contra la resolución del Tribunal Colegiado argumentando que es inconstitucional; lo que quisiera saber es si para ellos es constitucional utilizar la tortura, violar los derechos de las víctimas y retardar la aplicación de la justicia”, publicó en Facebook.