Organizaciones sociales se manifestaron el martes 9 de abril en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue al gobernador Cuitláhuac García y a la fiscal Verónica Hernández Giadáns, por la supuesta fabricación de culpables con fines políticos.
Con consignas y pancartas contra el robo de identidad en Veracruz, unos 70 manifestantes, integrantes de las organizaciones Alto a las Injusticias y Unidos por los Derechos Humanos, viajaron hasta la capital del país a para protestar en las inmediaciones de esta oficina pública ubicada al sur de la ciudad.
Los manifestantes realizaron bloqueos sobre la avenida Periférico hasta que fueron recibidos por abogados de la Comisión.
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Al lugar acudieron Francisco Jaimes Macedo, Emilio Gómez Pulido, y Juan Hernández Pérez, quienes denunciaron haber sido víctimas del robo de identidad cuando acudieron a precisamente a la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XVIII Playa Vicente, en Veracruz, a denunciar diversos hechos.
El problema no es menor —y es que aseguran— sus datos fueron empleados de manera dolosa para fungir como supuestos testigos en el homicidio del diputado veracruzano Juan Carlos Molina en noviembre de 2019, que se le imputa al empresario Itiel Palacios.
“Yo fui a levantar una denuncia porque se metieron a robar a mi casa… me quisieron apuñalar”.
“Sin embargo, agarraron todo mi caso, todas mis firmas, mi credencial, mis huellas para acusar a una persona. Me gustaría que me escucharan, sobre todo porque en todos lados nos han cerrado las puertas… Me robaron mi identidad y me están metiendo en un problema mucho más grande de lo que ya traía”, declaró Francisco en entrevista con MILENIO.
Por lo pronto, pide a las autoridades locales que “dejen de hostigarnos”, pues ya no puede salir, sin miedo a que alguien le pueda hacer daño a él o a su familia.
Juan habla en el mismo tono, con molestia, luego de que se enterara de que sus datos habían sido robados.
“El 14 de abril, relata, fui testigo de un accidente automovilístico y me presenté para dar mi declaración. Ahí, el juez Julio Zamora me tomó mis huellas, me hizo firmar hojas en blanco”.
“Y en noviembre del año pasado me enteré de que la fiscalía había usado mi identidad. A mí no me llamaron para nada; me tomaron mi identidad e hicieron lo que quisieron con ella”, lamenta.
También aseguró que acudió a la CNDH porque en Veracruz todos le cerraron las puertas, y si lo escucha el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dice, “que tome cartas en el asunto porque el gobernador de Veracruz no nos quiere dar la cara”
Y la historia se repite con Emilio, quien asegura, nunca conoció al acusado.
“Yo no lo conozco, ni había oído hablar de él en mi pueblo hasta que me enteré de eso de que utilizaron mis huellas para culparlo de un accidente, de un crimen que no cometió. Incluso allá en Playa Vicente –agrega– todo mundo sabe quién fue… porque en pueblo chico todo se sabe”.
Después de una reunión con funcionarios de la CNDH, se ofrecieron a tomar su caso, pero son ellos y sus familias quienes no saben cuánto tiempo más pueda tardar.
“Ojalá que sí lo tomen para regresar a nuestras familias a la vida normal, ahorita andamos fuera por lo mismo, tenemos miedo que quiera hacer algo la fiscalía de Veracruz y tener que vivir así”, dijo.
RM