En representación de nueve sobrevivientes y nueve núcleos familiares de las víctimas fallecidas en el incendio registrado en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Fundación para la Justicia solicitó que este caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Marcos Zavala, abogado de las víctimas por parte de la Fundación, dijo que las víctimas directas e indirectas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño, y su voz no ha sido escuchada en los cinco procesos penales que se han iniciado con relación al incendio registrado el 27 de marzo del 2023.
- Te recomendamos Gobierno de Chihuahua exige medidas al INM para controlar la migración en Ciudad Juárez Estados
En este hecho, murieron 40 hombres extranjeros y otros 27 migrantes sufrieron lesiones.
La Fundación para la Justicia considera que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE) no ha representado de forma correcta a las víctimas en los cinco procesos penales.
Por lo que se promovieron dos juicios de amparo, 803/23 y 826/23 y con relación a las causas penales iniciadas en contra de Francisco Garduño Yáñez, titular del INM; y contra Antonio Molina Díaz, quien al momento del incendio se desempeñaba como director General de Verificación y Control Migratorio.
Sin embargo, el Juzgado Séptimo de Distrito con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, los sobreseyó por lo que se promovieron recursos de revisión, estos se recibieron en el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito de Chihuahua.
Respecto a esos amparos y revisiones, la Fundación promovió ante la Primera Sala de la SCJN una solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, el cual quedó registrado con el número 1260/24.
“Estamos solicitando que la Suprema Corte, en esta caso la Primera Sala, defina a que se refiere con asesoría jurídica en términos de Artículo 21 apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, que por la relevancia, importancia y trascendencia nacional que puede repercutir esta decisión, quien tiene que fijar esos criterios y dotar de esos contenidos jurídicos tiene que ser la SCJN, porque si bien impactaría en que se repongan estos procedimientos en el caso del comisionado y su director Antonio Molina, pues en realidad estaría dotando de contenido a que se refiere con asesoría jurídica victimal efectiva y sustancial para todos los casos donde sea representada una víctima".
Zavala señaló que, después de la tragedia, los abogados de la Comisión Ejecutiva representaban a las 67 víctimas, pero no les informaron a los sobrevivientes y a las familias de los migrantes muertos sus derechos, no los conocían, prácticamente solo hacían acto de presencia en las diligencias.
A los familiares de los fallecidos únicamente se les requirió para el reconocimiento de los cadáveres.
A los sobrevivientes se les entrevistó, pero nunca les explicaron cuáles son sus derechos o cuáles se les deben garantizar durante el proceso penal y tampoco cuáles son las obligaciones de la CEAV, e indicó que los abogados de la Comisión sólo hicieron acto de presencia en algunas entrevistas y en los procesos penales sin argumentar nada a favor de los afectados.
“A los familiares de las víctimas fallecidas nunca se les había explicado. La primera vez que ellos participaron en el proceso penal fue a través de la asesoría que nosotros estamos brindando, y también por las solicitudes que hemos hecho tanto a la Fiscalía como a los jueces de Control Federal del Centro de Justicia Penal Federal que se les permita conectarse vía remota para que estén enterados que está pasando en los procesos y en la investigación, eso no sucedía antes, no se había entrevistado con ellos, ni se les había dicho el estado de la investigación 310 a cargo de la Fiscalía General de la República”, afirmó.
El abogado explicó que en total la Fundación para la Justicia ha presentado siete juicios de amparo. Uno de estos es el 955/2023; también porque no se respetaron los derechos de las víctimas, y el juzgado Séptimo de Distrito otorgó una suspensión definitiva que tiene paralizados los procesos penales.
Declaran culpables a 11 personas
De acuerdo con datos oficiales, 11 personas fueron identificadas como presuntas responsables y aunque se trata de un hecho, el incendio con saldo de 67 víctimas, el ejercicio de la acción penal se ha dividido en cinco causas.
Contra los agentes migratorios federales Rodolfo C. de la T, y Gloria Liliana R.G, así como el representante local Noroeste del INM, Daniel G.Y; también el migrante venezolano Jeison D.C.R, y el guardia de seguridad privada Alan Omar P.V, Daniel, se inició una causa penal por los delitos de homicidio y lesiones.
Contra el coordinador del Grupo Beta, Juan Carlos M.C; Eduardo A.M, quien era el jefe de Recursos Materiales del Instituto al momento que sucedió el siniestro Eduardo y al contralmirante y titular de la oficina de representación del INM en Chihuahua, Salvado G.G, se les inició otra causa por los delitos de ejercicio ilícito de la función pública, homicidio y lesiones.
Al segundo migrante detenido, Carlos Eduardo C.R. se formalizó otra causa judicial por los ilícitos de homicidio, lesiones y daños.
También a Francisco Garduño y Antonio Díaz Molina, se les presentó una causa penal por separado por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Respecto a Antonio Díaz Molina, funcionario de primer nivel acusado de ejercicio ilícito del servicio público y a quien se le permitió enfrentar el proceso penal en libertad y mantenerse en el cargo, el abogado de Fundación para la Justicia explicó que sólo se presentó a firmar en tres ocasiones y actualmente está sustraído del proceso penal, por lo ya se emitió una orden de aprehensión.
La orden de captura no se ha ejecutado y el proceso penal está suspendido. Al parecer, a Díaz Molina se le relaciona con actos delictivos presuntamente cometidos por Genaro García Luna, y por ello se sustrajo.
RM