Familiares de siete personas menores de edad de la comunidad de Bocaja en el municipio de San Salvador en Hidalgo, se manifestaron al exterior del Consejo Tutelar para Menores Infractores en Pachuca para exigir que se juzgue a un adolescente de 13 años que fue vinculado a proceso por violación equiparada agravada contra una niña menor de edad.
De acuerdo con las madres y padres de familia, el caso no ha avanzado desde inicios de mayo pasado cuando se aportaron las pruebas suficientes para la vinculación a proceso, pero no se ha emitido sanción alguna.
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Con pancartas y consignas pidieron justicia para los afectados, pues dicen que no es solo una persona menor la afectada, sino siete las víctimas de todo el caso, por lo urgieron a los magistrados para dar sentencia al acusado.
El 12 de mayo pasado, una agente del Ministerio Público especializada en justicia para adolescentes, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH), aportó los datos de prueba suficientes que permitieron a un juez de control vincular a proceso al adolescente.
El joven, en su calidad de imputado y de quien se reserva su identidad con base en lo establecido por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 66 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, entre otras leyes aplicables, enfrenta un proceso penal por su probable responsabilidad en un ataque sexual ocurrido en la localidad de Bocaja, en el municipio de San Salvador, el pasado 2 de diciembre.
La fiscalía hidalguense inició la carpeta de investigación correspondiente y a través de un equipo multidisciplinario se brindó atención especializada a la víctima.
Una representante del Ministerio Público fue la encargada de dirigir la investigación para reunir los datos de prueba contra el probable, mismos que expuso ante la jueza de control especialista en justicia para adolescentes.
Tras analizar los datos de prueba aportados, la jueza los encontró como suficientes y dictó la vinculación a proceso del adolescente.
Antes de dar por terminada la audiencia, la autoridad judicial fijó como medidas cautelares para el adolescente: el no acercarse a la víctima ni a su domicilio y vigilancia por parte de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) del área especializada en justicia para adolescentes.
De la misma forma otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, mismos que concluyen el 12 de julio próximo.