Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló que la suspensión que concedió al Instituto Nacional Electoral (INE) y que frenó la entrada del Plan B de la reforma electoral, tiene como propósito preservar el estado democrático.
El ministro hizo público hoy el acuerdo de la suspensión otorgada dentro de la controversia constitucional donde señaló que el sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del INE.
“Como ya se dijo, el decreto reclamado produce una modificación sustancial en la organización, funcionamiento y estructura del propio órgano, al grado que es previsible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos en los que venía operando”, detalló.
Laynez Potisek puntualizó que de no concederse la suspensión se podría concretar las reformas planteadas, por lo que era necesario conceder la medida cautelar contra todo el decreto combatido.
“De no concederse la suspensión, el instituto actor quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, lo cual traería como consecuencia la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos y, por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del instituto para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas frente a la ciudadanía”, mencionó.
La reforma a las leyes electorales establece desaparecer varias áreas y recortar personal del INE, lo que pondría en riesgo su función.
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