La plataforma digital de alojamiento Airbnb, la cual busca echar abajo los gravámenes aprobados por el Congreso de la Unión para las plataformas digitales, deberá seguir pagándolos, porque un juez federal determinó negar la suspensión provisional solicitada contra estos impuestos.
En enero, el Congreso de la Unión reformó la ley para cobrar el 16 por ciento de Impuesto al Valor Agregado (IVA), y retener del 2 al 10 por ciento, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las transacciones que se realicen por internet.
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El gobierno federal dio un plazo de seis meses para que las plataformas se preparan ante este nuevo proceso. Sin embargo, la plataforma Airbnb Ireland Unlimited interpuso un amparo, pero el juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Javier Rebolledo Peña, resolvió de entrada no conceder la suspensión provisional.
La plataforma Airbnb es una sociedad residente en el extranjero (constituida conforme a las leyes de la República de Irlanda) sin establecimiento en México, la cual presta servicios de intermediación entre terceros, mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de internet, por los cuales cobra una comisión.
El Congreso de la Unión decidió establecer diversas obligaciones para residentes en el extranjero sin establecimiento en México que, como Airbnb, proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de internet u otra red, siempre que por dichos servicios se cobre una contraprestación.
Las reformas a la Ley del IVA y la Ley del ISR imponen la obligación de calcular mensualmente el impuesto al valor agregado correspondiente aplicando una tasa del 16 por ciento a las contraprestaciones cobradas en dicho mes y efectuar su pago mediante declaración electrónica.
Asimismo implementar retenciones de IVA e ISR a las personas físicas que enajenen bienes y presten servicios a través de plataformas digitales y enterar dichos impuestos y proporcionar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la información de sus clientes, prestadores de servicios u otorgantes del uso o goce temporal de bienes, en cuyas operaciones hayan actuado como intermediarios.
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El juez Rebolledo Peña señaló que las normas combatidas por Airbnb son de orden público e interés social, por lo que no procede conceder dicha medida cautelar.
Explicó que uno de los principales cimientos en que se ha sustentado la economía digital en años recientes, ha sido el denominado consumo colaborativo que se define como aquellas situaciones en las que las personas que necesitan acceso a un recurso, entran en contacto con otras que disponen de dicho recurso y que los tienen infrautilizados, para que estos últimos se los presten, regalen, intercambien, alquilen, etcétera, produciendo como efectos la reducción de los costos económicos asociados a la utilización o titularidad de determinados bienes o servicios.
Así, las plataformas interconectan a las personas para que puedan enajenar bienes o prestar algún servicio específico, por ejemplo, transporte privado de personas, reparto de bienes o comida, incluso la prestación del servicio de hospedaje.
“En ese sentido, aun cuando las personas que interactúan a través de estas plataformas de intermediación de consumo colaborativo, tienen la obligación de pagar el impuesto correspondiente por los ingresos que perciben por las actividades económicas que realizan a través de esta plataforma, es claro que el modelo de negocio colaborativo supone un volumen de negocio tan significativo que requiere de mayor atención y vigilancia en cuanto a su fiscalidad”, indicó el juzgador.
Dicha reforma, abundó, tiene como finalidad tener un control sobre la recaudación y fiscalización del IVA e ISR de las personas que interactúan a través de plataformas de intermediación de consumo colaborativo.
irh