El Poder Judicial de la Federación ha sancionado a 41 magistrados de circuito desde 2015 a la fecha por irregularidades en sus funciones, pero sólo en tres casos la gravedad de los hechos que se les imputan están relacionados con presuntos nexos con el narcotráfico, acoso sexual y probables prácticas de corrupción.
Uno de ellos es el juzgador federal Jorge Arturo Camero Ocampo, del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, quien fue suspendido por tiempo indefinido, y ahora es investigado por “graves inconsistencias en sus finanzas”.
En una revisión de MILENIO a los documentos de procedimientos disciplinarios iniciados en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se halló también que más de un centenar de jueces han sido sancionados con amonestaciones públicas, inhabilitaciones, suspensión del cargo o hasta destitución.
Pese a que son menos los expedientes abiertos contra los magistrados de tribunales de circuito a partir de denuncias y quejas, hay casos graves.
Uno de los mayores escándalos ha sido el de José Guadalupe Luna Altamirano, quien primero fue suspendido y finalmente destituido de su cargo en 2016.
Fue dado de baja de forma definitiva de las filas del Poder Judicial de la Federación por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con las investigaciones, Luna Altamirano aprovechó su cargo para emitir amparos a favor de uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y de Sandra Ávila Beltrán, la llamada Reina del Pacífico.
En total son 12 expedientes, entre recursos de apelación y juicios de amparo, en los que desde 2008, como integrante del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, Luna Altamirano incurrió “en presuntas conductas que denotaron falta de profesionalismo e imparcialidad, notoria ineptitud y descuido en el trámite y resolución”, según concluyó el CJF, en una investigación que se turnó a la entonces Procuraduría General de la República.
Otro de los casos que ameritaron destitución del cargo fue el del magistrado Rafael Zamudio Arias, del Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito en Toluca, quien primero fue suspendido en 2012 ante denuncias de posible acoso sexual y laboral, la investigación tardó algunos años, pero al final el CJF ordenó en 2016 su destitución definitiva, además de que encontró posibles indicios de enriquecimiento ilícito por más de 4 millones de pesos detectados en sus cuentas.
Ahora, a estos casos se le suman el del magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo, del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Ciudad de México, que hasta esta semana conoció de los amparos contra la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.
Autoridades judiciales señalaron que se analizan las finanzas del juzgador así como de su primer círculo familiar, ante la posible existencia de cuentas bancarias y adquisición de bienes, que parecen no coincidir con los ingresos del servidor público, quien ahora está bajo sospecha por posibles actos de corrupción, que según reveló el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pueden incluir depósitos millonarios, cuyo origen se investiga.
Otras conductas sancionadas
El resto de los casos de magistrados “castigados” son menos graves, pero dejan en claro que toda conducta denunciada será investigada y se procederá si hay elementos.
Por ejemplo, en abril de 2018 el CJF sancionó al magistrado Iván Benigno Larios Velázquez del Quinto Tribunal Unitario del 19 Circuito, bajo el expediente de queja 8/2014, quien fue inhabilitado tres meses de su cargo y se le aplicó una multa por 145 mil 707 pesos, por el trato que daba a sus colaboradores e incumplimiento de sus funciones.
Mientras que el magistrado Guillermo Esparza Alfaro, del Sexto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Tercera Región en Morelia, Michoacán, según el expediente 3/2017, recibió un apercibimiento privado y deberá pagar 18 mil 900 pesos, porque tras ser denunciado de forma anónima, se demostró que sin permiso faltó a su trabajo los días 25 y 26 de agosto de 2016; el caso se resolvió hasta mayo de 2018 cuando se determinó que estaba fundado el procedimiento disciplinario contra el servidor público.
En tanto que la magistrada Cándida Hernández Ojeda, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, a partir de la queja 2/2017, fue suspendida del cargo durante tres meses, por el supuesto maltrato al personal a su cargo; y por una conducta similar fue suspendida nueve meses María del Carmen Torres Medina, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Primer Circuito, en Chilpancingo, Guerrero, entre otros casos.
Sanciones a jueces
En los expedientes contra jueces federales destacan casos como el de Ricardo Hiram Barbosa Alanís, suspendido en 2017, pero quien era investigado desde 2014 por supuestamente emitir fallos a favor del llamado Zar de Los Casinos, Juan José Rojas Cardona; al juzgador se le encontraron 14 millones de pesos en sus cuentas, según informó el CJF.
Otro caso relevante es el del juez de Distrito Efraín Cázares López, quien primero fue amonestado y apareció después en la lista de servidores públicos inhabilitados en 2017, puesto que se presume que 2010 concedió decenas de amparos a los presuntos implicados en el llamado Michoacanazo, los ex servidores públicos acusados de ligas con el crimen organizado y quienes quedaron en libertad.
RLO