Policía de León tuvo 75 recomendaciones, en gestión de Ramos Ramos

Policía

Los casos más comunes son el despojo injustificado de los bienes de un ciudadano por parte de los uniformados; Actualmente Ramos Ramos dirige la corporación en Celaya

Policía de León acapara las recomendaciones por derechos humanos
Renata Quintanar
León /

De 2017 a 2019, durante la gestión de José Carlos Ramos Ramos como director de la Policía Municipal de León, se registraron al menos 156 quejas por parte de la población leonesa por actuaciones de esa corporación, de las cuales la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato solo emitió 75 recomendaciones.

José Carlos Ramos Ramos, director de Policía Municipal en Celaya 


Ramos Ramos, quien funge actualmente como director de la policía municipal de Celaya, se mantuvo a la cabeza del cuerpo policiaco de la ciudad de León hasta los primeros meses del 2019. Durante su gestión se presentaron elevadas cifras de quejas en torno al comportamiento de los elementos de policía por presuntas violaciones de los derechos de los ciudadanos.

Entre las violaciones más comunes en dichas recomendaciones se encuentra el derecho a la integridad física, derecho a la propiedad, a la integridad personal, a la seguridad pública, a la dignidad humana, a la vida, a la libertad, entre otros.


Los casos más comunes son el despojo injustificado de los bienes de un ciudadano por parte de los uniformados, la generación de lesiones de gravedad a menores y adultos, además de la petición injustificada de multas o cifras de dinero de manera ilícita.

Entre algunas de las recomendaciones emitidas por dicha procuraduría durante su gestión, se contemplan hasta cinco puntos de recomendación en un mismo documento. Entre las cuales se destaca la instrucción hacia el Secretario de Seguridad Pública (quien entonces era Luis Enrique Ramírez Saldaña), para que este ofreciera una disculpa institucional a los familiares directos de la víctima.


Además de expresar en dichos documentos que se indemnice pecuniariamente a los familiares directos de la víctima, a quienes se les brinda atención la psicológica requerida, caso en donde se toma en cuenta la reparación el daño material, moral y al proyecto de vida. Por último se estipula que se instaure el procedimiento disciplinario al oficial de seguridad pública que haya cometido la violación.

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