A partir de la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, el 18 de junio de 2016, los policías y agentes aprehensores se han convertido en el talón de Aquiles de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República (FGR), ya que por su forma de actuar se han venido abajo casos de alto impacto, particularmente contra líderes y operadores de diversos cárteles del narcotráfico.
El Informe Policial Homologado es pieza clave para emprender una acción legal en contra de una persona que acusada de un delito, pero muchas veces las versiones contenidas en los informes que se entregan a las fiscalías son inverosímiles o falsas, lo que da pie a que jueces califiquen las detenciones como ilegales y, en consecuencia, ordenen la liberación de los detenidos.
Esto ha dado pie a liberaciones de líderes de cárteles del narcotráfico, como los de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Golfo y de Sinaloa, donde las capturas las realizaron elementos de la Policía Federal Ministerial, las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional (GN).
Uno de los casos más recientes es el de Abraham Oseguera Cervantes, Don Rodo, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. A finales de abril de este año, un juez de control ordenó su liberación, porque su detención no ocurrió de la manera en que informó la Guardia Nacional (GN), y porque no existía orden judicial.
En otro caso, a principios de este año fue liberado José Alberto García Vilano, La Kena, presunto líder de Los Ciclones, una facción del Cártel del Golfo. Crescencio Contreras Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Reynosa, Tamaulipas, ordenó su liberación porque la FGR no pudo demostrar que pertenece a un grupo delincuencial, pese a que lo investigaba desde 2023.
Sin embargo, La Kena no salió de prisión, porque existía una orden de captura en su contra en el fuero común. Por este caso, la Secretaría de Gobernación solicitó juicio político contra el juez federal.
Otro ejemplo, ocurrió en febrero de 2018, cuando se ordenó la liberación de José Alfredo Cárdenas Martínez, El Contador, supuesto líder del cártel del Golfo y sobrino del capo Osiel Cárdenas Guillén, El Mata Amigos.
En la audiencia que se celebró en el Centro de Justicia Penal Federal del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, la defensa del imputado presentó videos que pusieron al descubierto que la Marina (Semar) no actuó de la forma en que aseguró que ocurrieron los hechos, pues el capo se encontraba en el interior del domicilio al momento de su captura, mientras que informe señalaba que el personal lo detuvo en flagrancia, a bordo de un vehículo con armas de fuego.
Ese mismo año, pero en mayo, Juan José Farías Álvarez, El Abuelo, presunto operador del CJNG también fue liberado por orden de un juez, pocas horas después de ser detenido, esto después de que se demostró que la detención no ocurrió como aseguró la Semar.
En 2017, María Elena Cardona Ramos, jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, ordenó la liberación de cinco probables escoltas y sicarios del Cártel de Sinaloa, que laboraban para Dámaso López Serrano, El Mini Lic.
La juzgadora calificó de inverosímil la narración de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) sobre la forma en que ocurrió la detención en la zona de Xochimilco.
En su momento también fue liberado Javier “N”, agente de la Policía Federal, así como Angélica “N”, cuñada de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, porque la detención se llevó a cabo sin orden judicial.