Juez resolverá si vincula a proceso a elementos de FGR por tortura

La denuncia fue interpuesta por Ana Patricia Moller, quien responsabilizó a servidores públicos, empresarios y abogados de los delitos de tortura, contra la salud y simulación de pruebas.

Elementos de la FGR fueron detenidos por el delito de tortura | Cuartoscuro
Rubén Mosso
México /

Un juez federal determinará hoy si vincula a proceso a cinco elementos de la Fiscalía General de la República adscritos a Interpol México por su presunta responsabilidad en el delito de tortura.

Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Sur, ordenó la aprehensión de los elementos policíacos que fueron capturados el pasado viernes. La audiencia está programada para realizarse a las 16:00 horas.

El juzgador también ordenó aprehender al ex titular de la Unidad Antisecuestro de la FGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez, contra quien existe una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de tortura.

El ex fiscal tuvo en sus manos casos exitosos contra el cártel de Tláhuac y la Unión Tepito en este año, además de que en su momento encabezó las pesquisas contra los integrantes de Guerreros Unidos que participaron en el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La denuncia en contra de los servidores públicos fue por Ana Patricia Moller Vuilleumier, quien responsabilizó a servidores públicos, empresarios y abogados de los delitos de tortura, contra la salud y simulación de pruebas. La denuncia se presentó en mayo de este año y fue ratificada un mes después.

La orden de aprehensión también fue girada contra el abogado Javier Coello Zuarht (hijo del abogado Javier Coello Trejo, quien lleva la defensa del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin).

Delgadillo Padierna rechazó conceder la captura contra Zuarth solo por lo que hace a los supuestos delitos de tortura y contra la salud.

De igual manera, negó la captura del empresario Juan Pablo González Cimadevilla y del supercoordinador del gobierno de Jalisco, Octavio Pérez Pozos, a quienes se buscaba responsabilizar de los presuntos delitos de tortura y delitos contra la salud.

bgpa

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