Desde enero de 2015 hasta mayo de 2022 se abrieron en Tamaulipas 85 carpetas de investigación del fuero común por el delito de trata de personas, siendo el estado número 14 en la tabla nacional.
Siete casos ocurrieron en 2015; 34 en 2016; once en 2017; dos en 2018; diecinueve en 2019; siete en 2020; cuatro en 2021 y uno a mayo de 2022.
Esta cifra, sin embargo, no representa la dimensión real del delito, ya que la mayoría de las veces la denuncia no se lleva a cabo ante las instancias correspondientes.
- Te recomendamos La trata de personas en México: una asignatura pendiente Nexos
Lo anterior, debido tanto al temor a las represalias de los tratantes como a la falta de capacidad para detectar el delito por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en México.
Así lo afirma un reporte del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores, el cual señala que la capital del país acumuló el mayor número de denuncias por el delito de trata (1,484).
La mayor incidencia.
El Estado de México es la segunda entidad del país con el mayor número de indagatorias (739 casos), seguida de Chiapas (376), Coahuila (363), Chihuahua (301), Nuevo León (286) y Baja California (280). Esas siete entidades concentran siete de cada 10 carpetas de investigación que se iniciaron, lo que equivale a 3 mil 828 casos.
Las mujeres y las niñas son las más afectadas por el delito de trata, representan dos terceras partes de los casos. Durante dos años de contingencia sanitaria a causa del covid-19 la trata de personas no disminuyó; por el contrario, el número de víctimas incrementó en todas las entidades del país.
Se expone que en la “nueva normalidad” miles de estudiantes abandonaron la escuela y, seguramente, ya no regresarán a las aulas, incrementando su vulnerabilidad y los riegos de ser víctimas de trata de personas, lo que implica perder una de las redes de protección y apoyo más seguras que tienen muchos estudiantes en México.
¿Qué es?
La trata de personas significa el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona, con fines de explotación.
Esta incluirá, como mínimo, la prostitución u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares, la servidumbre o la extracción de órganos humanos.
CGCH