Un juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Jesús Oscar Navarro Gárate, ex director de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), quien fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad desfalco de 142 millones 440 mil 883 pesos en agravio del organismo.
El Ministerio Público Federal aseguró que Navarro Garáte; Edgar Alejandro Armenta Peralta, socio y representante de la empresa Vicente Suárez 73; Carlos Norberto Valero Flores, ex subdirector de Aseguramiento de Calidad de Liconsa, y Enrique Zamorano Solís, subgerente de Impuestos de Liconsa, son probables responsables de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Te recomendamos FGR detiene a Jesús Óscar Navarro Garate, ex director de Administración y Finanzas de Segalmex Policía
Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, los imputados se acogieron a la duplicidad del término constitucional que vence el próximo 1 de mayo, para que se resuelva su situación jurídica.
El juez decretó la prisión preventiva de oficio, debido a que el delito de delincuencia organizada amerita dicha medida cautelar. Por el momento, permanecerán internos en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Es de mencionar que Navarro Garate asumió el cargo tras la renuncia de René Gavira Segreste a dicho puesto, éste último contra quien existe una orden de aprehensión y una ficha roja emitida por Interpol.
Hasta el día de hoy, 11 personas han sido vinculadas a proceso por este asunto.
En caso de que el juez decida vincular a proceso a Navarro Garáte y a las tres personas más, sumarán 15 las personas encarceladas y procesadas.
En marzo del presente año, Gregorio Salazar Hernández, juez de control del CJPF en Almoloya de Juárez concedió a la FGR 22 órdenes de captura contra igual número de personas.
Del total de implicados, 12 fueron servidores públicos de Segalmex; cuatro pertenecen a las empresas y seis fueron los beneficiaros de los recursos que fueron desviados.
Según la investigación de la FGR, estas personas celebraron contratos y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar para la población, las cuales no se entregaron.
DMZ