El robo de combustible se presenta en un ecosistema ideal donde el marco regulatorio y el Estado de derecho son débiles y las autoridades y cuerpos de seguridad corruptibles. En una década, Puebla pasó del lugar 14 con 1.5 por ciento de las tomas clandestinas, a la primera posición en 2018 con 15.1 por ciento.
De acuerdo con el análisis “La magnitud de las tomas clandestinas de hidrocarburos”, realizado por investigadores de la Iniciativa de Energía del Tecnológico de Monterrey, revela que en los últimos años, a los alrededores de instalaciones de Pemex que pasan desde la zona de Esperanza, Quecholac, Amozoc, Acatzingo y San Martín Texmelucan, se registran un alto índice de robo, con más de 10 actos de robo por kilómetro cuadrado.
A partir de información obtenida mediante solicitudes de información pública dirigidas a Pemex Logística, a través del Portal de Transparencia del Instituto Nacional para el Acceso a la Información (INAI), la investigación del Tecnológico de Monterrey revela que no existe información pública sobre la ubicación exacta, el nombre o tipo de ducto, ni mucho menos del volumen extraído o del volumen derramado en el caso de tomas clandestinas reportadas como no-herméticas.
Pese a lo anterior, los investigadores lograron recopilar información sobre un total de 44 mil 237 reportes de tomas clandestinas entre enero 2003 y agosto de 2018. De éstas, solo 20 mil 326 tienen información a nivel municipal. Por lo anterior, el comparativo se realizó del año 2008 a 2018.
La investigación detalla que la evidencia encontrada indica que el fenómeno de robo de combustible no solo registró un crecimiento, sino que también las regiones afectadas han sido distintas.
“Si bien en la primera década del siglo XXI, Veracruz, Coahuila y Sinaloa fueron las regiones con mayor número de tomas clandestinas, la década actual muestra que el negocio del robo de hidrocarburos ha cobrado fuerza primero en Tamaulipas y, de forma más reciente, en el centro y occidente del país, en Puebla, Guanajuato, Hidalgo y Jalisco”, detalla.
Para conocer la magnitud de la incidencia del problema en un área específica, el estudio propone el parámetro llamado Índice de robo, que es el número total de tomas clandestinas reportadas dividido por la longitud total de la red de ductos en el área geográfica de interés.
En Puebla, las zonas donde se presentan más de 10 casos de toma clandestinas por kilómetro cuadrado, se presentan en Esperanza, Palmar de Bravo, Quecholac, los Reyes de Juárez, Acatzingo, Amozoc, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, San Salvador El Verde y San Matías Tlalancaleca.
“El robo de hidrocarburos en México, principalmente, de combustibles como gasolina y diésel, se ha convertido en un fenómeno, cuyo crecimiento a niveles nunca antes vistos, implica un cambio de paradigma tanto para el sector energético, como para las autoridades responsables en la formulación y aplicación de medidas transversales para revertir la tendencia”, revela.
El análisis agrega que el crecimiento de un mercado negro de los hidrocarburos representa un riesgo no solo para la operación de una red compleja de infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, sino para la estabilidad económica y social del país.
La demanda de hidrocarburos ilícitos se explica porque son vitales para el desarrollo de la gran mayoría de las actividades en la sociedad actual y porque adquirirlos a un precio menor representa una ventaja competitiva para los actores involucrados, incluidos los mismos consumidores.
El análisis detalla que por el lado de la oferta, las redes clandestinas de suministro y distribución ilícitas de hidrocarburos pueden ser complejas y sofisticadas.
Según el estudio realizado por académicos del Tecnológico de Monterrey, el robo y la distribución clandestina de combustible son actividades atractivas para el crimen organizado tanto como lo es el contrabando de narcóticos, armas o la trata de personas.
ARP