El pasado 2 de junio, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) capturaron en la Ciudad de México a Antonio Molina Díaz, quien se desempeñó como director de centros penitenciarios de distintos niveles durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La detención del exfuncionario ocurrió en la colonia Anáhuac de la alcaldía Miguel Hidalgo y fue anunciada públicamente un par de días después por la Fiscalía General de la República (FGR) a través de redes sociales.
Díaz Molina estaba en la mira de la FGR por lo menos desde enero de 2022, cuando fue imputado junto con otros 15 exfuncionarios del sistema penitenciario por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos, la misma investigación por la que un año antes se libró una orden de captura contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
De las Islas Marías a coordinar el sistema penitenciario federal: así fue la trayectoria de Antonio Molina Díaz
El historial de Antonio Molina en el sistema de prisiones mexicanas es rastreable por lo menos hasta noviembre de 1995, cuando asumió el cargo de jefe de la Secretaría Auxiliar del Departamento Jurídico en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Número 1 en el estado de Durango.
Según los datos asentados en sus declaraciones patrimoniales, Molina Díaz se encargaba de mantener actualizada la situación jurídica de los internos. Para el momento en que llegó a dicho puesto, aún faltaba poco más de un año para que se titulara como abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez.
En agosto de 1997, Molina Díaz obtuvo un nuevo puesto en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal: subdirector jurídico en la colonia penal de Islas Marías, un complejo penitenciario conocido como "La tumba del Pacífico" y cerrado en 2019, luego de 113 años de operaciones.
Durante los casi cuatro años que Antonio Molina trabajó en Islas Marías, se encargó de gestionar los asuntos jurídicos del penal y de coordinar la situación jurídica de los reclusos.
Entre julio de 2001 y octubre de 2002, Molina Díaz hizo una breve pausa en su trayectoria dentro del sistema carcelario para dirigir el Departamento de Registro de Títulos y Expedición de Cédulas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Tras su paso por la SEP, Molina Díaz fue director de tres prisiones en Durango entre 2002 y 2011: el Cereso 1, el Centro Distrital de Readaptación Social (Cedireso) Número 1 y el Cereso Número 3. En cada uno de estos complejos estuvo encargado de coordinar las actividades y recursos materiales, humanos y financieros.
Más adelante, entre mayo de 2013 y diciembre de 2018, Antonio Molina fue director y coordinador general de los centros penitenciarios federales en el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). En dichos cargos, tenía la responsabilidad de organizar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros de los complejos.
Su paso por el Instituto Nacional de Migración y la polémica por el incendio de una estación en Ciudad Juárez
Luego de una extenso recorrido en el sistema carcelario, Antonio Molina Díaz fue nombrado en septiembre de 2019 como titular de la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio, área del Instituto Nacional de Migración (INM) encargada del resguardo de documentos, de atender solicitudes de trámites y de supervisar el Registro Nacional de Extranjeros.
Meses después, fue asignado a un puesto similar en la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, el departamento responsable de asistir deportaciones, apoyar a personas alojadas en estancias migratorias y vigilar el ingreso y salida de nacionales y extranjeros a México.
El 27 de marzo de 2023, mientras Antonio Molina ostentaba dicho cargo, se registró un incendio en la estación migratoria provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, que cobró la vida de 40 personas de diferentes nacionalidades. En abril del mismo año, Molina fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de la función pública a partir de dicha tragedia.
En su momento, la FGR estableció que Antonio Molina y el entonces director del INM, Francisco Garduño Yáñez, incumplieron con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.
#FGRInforma | Por los hechos ocurridos en el centro migratorio de #CdJuárez, Chih., se procedió penalmente contra Francisco “N” y Antonio “N”, directivos del @INAMI_mx, por incumplir obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a personas e instalaciones a su cargo. 1/3 pic.twitter.com/NAV5g6Wj4u
— FGR México (@FGRMexico) April 12, 2023
¿De qué acusan a Antonio Molina Díaz?
De acuerdo con los datos proporcionados por la FGR, durante su labor como coordinador de penales federales, Antonio Molina Díaz habría firmado contratos para la construcción de ocho prisiones, entre 2013 y 2018, como parte de un esquema para desviar recursos públicos.
En dicha investigación, a Molina se le atribuye la posible participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con datos de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI/CDMX0000611/2020 consultados por Rubén Mosso, de MILENIO, se presume que Molina Díaz y otros 15 exfuncionarios pagaron un sobreprecio de 62 mil 840 millones de pesos en ocho contratos en los que se invirtieron 270 mil millones de pesos para la construcción y prestación del servicio en prisiones de Michoacán, Sonora, Durango, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca, Coahuila y Morelos.
BM.