Una jueza federal ratificó la medida cautelar de prisión preventiva contra ocho militares acusados por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada derivada del caso Ayotzinapa.
Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, emitió una nueva sentencia en acatamiento a un amparo concedido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México.
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La medida cautelar fue ratificada contra el subteniente Omar Torres Marquillo, los sargentos segundo, Roberto de los Santos Eduviges, Ramiro Manzanares Sanabria y Juan Andrés Flores Lagunas, el sargento primero Gustavo Rodríguez de la Cruz, y los cabos Uri Yashiel Reyes Lasos, Eloy Estrada Díaz y Juan Sotelo Díaz.
En junio, los ocho elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron notificados del auto de formal prisión en su contra por su probable participación en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Las acusaciones contra los militares están basadas en los testimonios del testigo Juan, identificado como Gildardo López Astudillo, integrante de Guerreros Unidos, quien dijo que los uniformados están incluidos en la nómina de la organización criminal.
El 30 de noviembre, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México ordenaron a la jueza de la causa penal que dictara una nueva resolución sobre el cambio de medida cautelar solicitada por la defensa de los elementos del Ejército, quienes buscaban enfrentar su proceso en libertad.
El pasado mes de agosto, el general en retiro, Rafael Hernández Nieto, empezó a enfrentar su proceso en libertad en el mes de agosto, luego de que le fue modificada la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta.
El ex comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de delincuencia organizada, ya que supuestamente se reunió con integrantes de Guerreros Unidos, en 2014, según chats en poder de la Agencia de Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
RM