Un Tribunal Federal amparó el ex secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raymundo Collins Flores, sentencia que dejó sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra por el presunto el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, por supuestamente contratar a una empresa de manera directa a la que se le pagó 5 millones 199 mil 816 pesos, en 2018.
Por unanimidad, los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal concedieron la protección de la justicia “por vicios formales” detectados en la orden de captura girada por Héctor Fernando Rojas Pacheco, juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Doce, del Tribunal Superior de Justicia capitalino, el 7 de enero del presente año.
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El Tribunal no dio a conocer la versión pública del fallo, si no sólo el sentido del mismo, donde señaló que modificó algunos puntos de la resolución emitida en primera instancia por Julio Veredín Sena, juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien también amparó al ex funcionario local en septiembre.
En primera instancia, Julio Veredín decidió dejar sin efecto la orden de captura y ordenó dictar una nueva determinación, en la que un juez de control analice nuevamente la petición de orden de aprehensión y la necesidad de cautela, en la que deberá cumplir con los parámetros de fundamentación y motivación.
Asimismo, señaló que de estimar que existe otra forma de conducción al proceso, diversa a la orden de aprehensión, en términos del 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resuelva lo que en derecho corresponda, porque el delito que se le imputa al ex secretario no amerita prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con registros judiciales, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México imputó a Raymundo Collins, porque cuando era titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital autorizó la contratación del servicio de consultoría para la elaboración de diagnóstico de operación de la Dirección General de Administración de Personal y mejora de procesos dentro de la SSP. Lo anterior con un monto superior a los 5 millones de pesos.
Por estos hechos, se imputó a tres servidores públicos más de la mencionada dependencia local. La fiscalía argumentó:
“Se considera que la ilegalidad del contrato es precisamente otorgar la autorización de contenido económico y sobre todo celebrar ese contrato de servicios con recursos económicos públicos con una empresa privada la cual se ha dado cuenta, pero sobre todo su señoría, por un monto de 5 millones 199 mil 816 pesos, esta suma es sumamente desproporcional ya que la vigencia del citado contrato es del 8 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre del mismo año, es decir, 53 días naturales en los cuales se pagara una cantidad desorbitada”.
También alegó que, al haber autorizado el caso de excepción a la licitación pública, Collins Flores incumplió con lo que establece la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.
El ex servidor público alegó que las autoridades transgreden sus derechos humanos en razón de que pretenden detenerlo, sin haber cometido delito alguno, entre otros, alegatos.
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