Gerardo Sosa Castelán deberá enfrentar un juicio por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que el Tercer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Segundo Circuito negó por unanimidad el amparo que promovió contra la continuidad del proceso.
La decisión fue tomada durante la sesión del 1 de octubre, a partir de la ponencia de la magistrada Amalia del Carmen Fernández Barquín, quien sostuvo que el juez de control Gregorio Salazar Hernández no tenía facultades ni competencia para decretar el sobreseimiento, debido a que el proceso ya se encontraba en etapa de juicio.
“Esto es así porque se considera correcta la perspectiva de la magistrada de amparo en el sentido de avalar la circunstancia de que el juez de control no tenía facultades, no tenía competencia, para poder decidir sobre esta petición de sobreseimiento, ya que el asunto se encontraba ya en etapa de juicio”, expuso Fernández Barquín durante la sesión.
La resolución correspondió al amparo en revisión 17/2026 y fue aprobada por unanimidad. El tribunal confirmó la sentencia recurrida, negó la protección de la justicia federal a Sosa Castelán y declaró sin materia el recurso de revisión adhesiva.
Durante la sesión también intervino el magistrado Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien señaló que el sobreseimiento es una facultad exclusiva del juez de control. La ponencia de Fernández Barquín fue acompañada por Delgadillo Padierna y Yolanda Guerrero Vázquez.
El origen del litigio se encuentra en septiembre de 2024, cuando el juez Gregorio Salazar Hernández decretó el sobreseimiento parcial de los delitos imputados a Sosa Castelán dentro de la causa penal 263/2020.
La determinación fue revocada el 27 de marzo de 2025 por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, que consideró que el juez de control había actuado fuera de sus facultades porque el procedimiento ya había avanzado a la etapa de juicio. También determinó que el proceso debía continuar ante un Tribunal de Enjuiciamiento y restableció las medidas cautelares.
Sosa Castelán impugnó esa resolución mediante un nuevo juicio de amparo. El 21 de noviembre de 2025 se confirmó que el juez de control había actuado indebidamente al decretar el sobreseimiento, determinación que ahora quedó respaldada por el Tercer Tribunal Colegiado de Apelación con su resolución del 1 de octubre de 2026.
La investigación de la Fiscalía General de la República señala que entre 2011 y 2018 se habría desarrollado un esquema mediante el cual fueron movilizados 58 millones 245 mil 948 pesos a través de Contabilidad del Siglo XXI Pachuca, empresa que la Fiscalía relaciona con las operaciones investigadas.
De acuerdo con la acusación, parte de esos recursos habría terminado en beneficio de Sosa Castelán, familiares y personas de su entorno. El expediente sostiene que el exrector habría recibido directamente alrededor de 23.5 millones de pesos.
La decisión de octubre no representa una nueva acusación ni una nueva vinculación a proceso. Lo que hace es mantener vigente el procedimiento que había sido cerrado parcialmente por el juez de control en 2024 y que posteriormente fue reactivado por el tribunal de apelación en 2025.
Con el fallo del 1 de octubre, Sosa Castelán deberá enfrentar ante un Tribunal de Enjuiciamiento el juicio por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un caso que inició con su detención en agosto de 2020 y que ha atravesado distintas etapas judiciales durante seis años.