Organizaciones defensoras de derechos humanos rechazaron la reciente designación de Jorge Luis Llaven Abarca como nuevo fiscal general del estado de Chiapas.
En un pronunciamiento conjunto, 63 organizaciones señalaron su historial de violaciones a derechos humanos.
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Muestras preocupación ante designación
“Nos preocupa la justicia y derechos humanos ante la designación de un perpetrador de violaciones a los derechos humanos ante la designación del nuevo fiscal general del estado de Chiapas”, indicaron en un comunicado.
También, destacaron que durante su gestión como secretario de Seguridad Pública, Llaven Abarca fue responsable de “el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas”.
El escrito señala que su gestión “no tomó las medidas necesarias para prevenir la violencia contra las mujeres, resultando en un aumento de feminicidios, a pesar de la Alerta de Violencia de Género en Chiapas”.
CV del nuevo fiscal de Chiapas
El nuevo fiscal general ha ocupado varios cargos de alta relevancia en el ámbito de procuración de justicia, incluyendo su paso por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
Durante su mandato en estas funciones, se le vinculó con varias denuncias de abuso de poder y violaciones a derechos humanos.
Particularmente, se le señaló como responsable de la tortura y otras formas de trato cruel, inhumano y degradante en los casos documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En su recomendación 26/2002, la CNDH responsabilizó a Llaven Abarca de detenciones arbitrarias y tortura.
Así mismo, los firmantes del pronunciamiento señalan que este nombramiento es: “una clara señal de que el gobierno de Chiapas no apuesta por la justicia ni por el respeto a los derechos humanos”.
Así fue el nombramiento de Abarca
¿Por qué eligieron a Abarca como fiscal?
Las organizaciones advirtieron que el nombramiento de Abarca significa “una resistencia a implementar en Chiapas las reformas constitucionales en derechos humanos, la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura, y otros instrumentos internacionales de derechos humanos”.
En este sentido, exigieron una reforma profunda en las instituciones de justicia del estado.
“Es urgente una fiscalía autónoma, un cambio de estructura y funcionarios, quienes están anquilosados en la corrupción y actúan bajo el cobijo de la impunidad”, subrayaron en el pronunciamiento.
El 28 de noviembre, el Congreso del Estado de Chiapas designó a Abarca como fiscal general del estado, cargo que desempeñará durante nueve años.
RM