Las juzgadoras federales del país rechazaron que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estén generando un crisis, porque lo único que están haciendo es defender al pueblo contra los actos de los legisladores que quieren privarlo de sus derechos básicos a través de la reforma judicial.
Indicaron que los togados están tratando de darle una salida jurídica a la crisis constitucional que prevalece, por lo que el verdadero conflicto radica en otra sede, mismo que busca eludirlo.
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Durante la conferencia contramañanera de hoy, la magistrada Edna Lorena Hernández Granados dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que con el proyecto que mañana votarán los ministros, la Corte busca legislar.
Hernández Granados subrayó que la Corte no quiere legislar, sino solo decidirá si lo legislado es o no constitucional.
“Otro punto que dijo la presidenta (Sheinbaum) que son ocho ministros contra el pueblo. No, no es así, no son ocho ministros contra el pueblo, son ocho ministros defendiendo al pueblo contra los actos de los legisladores que quieren privarlo de sus derechos, de nuestros derechos básicos, como todos los ciudadanos. ¿Cuáles derechos? El derecho a ser juzgados por jueces ya establecidos, con capacitación, con carrera judicial, con eso, con una trayectoria de experiencia para el conocimiento y resolución de los asuntos”, expresó.
Por su parte, la magistrada Julia María del Carmen García González aseveró que existe una crisis constitucional, porque las autoridades no están acatando las suspensiones otorgadas por jueces que han dado entrada a diversos juicios de amparo que impugnan la reforma judicial.
“Eso ya de entrada, nos debería prender los focos rojos, porque se supone que quienes asumen una responsabilidad como autoridades del Estado están obligadas de entrada a acatar el ordenamiento jurídico, un ordenamiento jurídico que además nos ha obligado siempre. Esta suspensiones y estas consecuencias a incumplir las suspensiones no son algo nuevo ni algo que hayamos planeado para el gobierno en turno, es una norma establece que siempre se había acatado. Entonces, de entrada, nos parece que sí podemos hablar de una crisis constitucional”, manifestó.
García González dejó claro que no se puede señar de responsable a alguna de las partes.
“Ahora, el asumir o el atribuir la responsabilidad a una sola de las partes, que además va a ser el árbitro que dirima la controversia, pues nos parece que es un poco, trata de evadir un poco la responsabilidad y de lanzar el foco a otro punto donde estamos evadiendo la responsabilidad que nos toca”, enfatizó.
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