En los últimos siete años, la Secretaría de Marina recibió 31 reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado, por un monto aproximado de 456.9 millones de pesos, la mayor parte de estas demandas fueron presentadas entre 2015 y 2017.
La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado fue creada para indemnizar a los ciudadanos que sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado.
Este tipo de casos comúnmente llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque las dependencias federales se niegan a indemnizar a los afectados.
- Te recomendamos Suprema Corte atrae reclamo por accidente de Mouriño Más Policía
La Secretaría de Marina hizo pública la información sobre los reclamos que ha recibido porque Zulema Mosri Gutiérrez, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa presentó una solicitud con base a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información para conocer cuánto dinero ha destinado la institución en estos casos.
El instituto naval reveló los montos reclamados, pero dejó claro que en 14 asuntos no procedió el pago, mientras que 17 más aún no existe una resolución firme.
La Marina no específico quiénes son las personas que reclamaron la responsabilidad patrimonial del Estado; es decir, no se aclara si son víctimas colaterales de la guerra contra el narcotráfico o de qué manera el instituto armado los afectó.
Las 31 reclamaciones contra la Semar se presentaron en los periodos de 2011 (1); 2012 (1); 2013 (4); 2014 (2); 2015 (8); 2016 (9) y 2017 (6).
El monto más alto reclamado a la Secretaría de Marina fue el 10 de mayo de 2011, cuando se le exigió una indemnización por 233 millones 13 mil 694 pesos, pago que al final no procedió.
- Te recomendamos Corte ampara a lesionado en accidente donde falleció Mouriño Más Policía
Otro reclamo ingresó el 22 de mayo de 2015 por un monto de 20 millones de pesos, pero tampoco resultó el pago; el 25 de marzo del mismo año se le reclamaron 10 millones de pesos, pero hasta el momento no existe una resolución firme.
En julio también de 2015 se presentó otro reclamo por 3 millones 400 mil pesos, de la cual no existe resolución firme.
Algunos montos altos reclamados por responsabilidad patrimonial del Estado se interpusieron a partir de 2016; el 4 de marzo del citado año, se demandó 22 millones 133 mil 366 pesos, fallo que aún no está firme. En octubre, también se le exigieron 36 millones 400 mil pesos, pero por el momento no existe resolución.
La Marina puntualizó que no ha efectuado pagos porque en algunos casos no procedió el pago y en otras, no ha sido determinado el monto a indemnizar de manera definitiva, en razón de que aún no se emite resolución en fase administrativa o bien, en virtud de que la resolución emitida dentro de los procedimientos administrativos se encuentra en sede jurisdiccional.
Otorgan amparo
Uno de los casos que más ha llamado la atención en el presente sexenio por responsabilidad patrimonial del Estado lo analizó el año pasado la Segunda Sala de la Suprema Corte cuando otorgó un amparo al francés Paul Henrí Giménez, quien hoy recibe atención médica en Miami, Florida.
Henrí usa una máscara de comprensión y se somete a terapias para rehabilitarse, porque el 65 por ciento de su cuerpo está quemado.
El 4 de noviembre de 2008, cuando Paul conducía su automóvil por calles de la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, una parte del Lear Jet 45 matrícula XC-VMC en que viajaba el ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y ocho personas más, cayó encima del vehículo. Los funcionarios que viajaban en la aeronave murieron.
Paul llegó a México cuatro meses antes del accidente, porque fue ascendido en la empresa HBO.
Por las lesiones que sufrió reclamó una indemnización y señaló como autoridades responsables a las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes.
Las dependencias alegaron que el daño fue resultado de un accidente o caso fortuito; el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa determinó que la SCT incurrió en actividad administrativa irregular y que Henri Giménez debía ser indemnizado; el asunto llegó a la Corte donde se resolvió a favor del francés.