Después de que Raúl 'N' y Carlos Eduardo 'N' fueron vinculados a proceso por su probable participación en la extorsión contra propietarios de verificentros, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reveló nuevos detalles de la investigación sobre la red.
Entre ellos, cobros mensuales de hasta 200 mil pesos por establecimiento, pagos “retroactivos”, bloqueos de los sistemas de operación y una exigencia de 500 mil pesos por cada línea de verificación.
Red de extorsión llevaba 3 años operando
De acuerdo con la carpeta de investigación, el esquema habría operado al menos desde diciembre de 2023 y presuntamente involucraba a servidores públicos en activo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, exfuncionarios y particulares con facultades o vínculos relacionados con la autorización, revalidación y funcionamiento de los Centros de Verificación Vehicular.
La Fiscalía sostiene que los concesionarios eran presionados mediante distintos mecanismos para entregar dinero a cambio de mantener sus establecimientos abiertos, obtener revalidaciones, recibir hologramas o evitar bloqueos en el sistema utilizado por la autoridad ambiental.
El expediente indica que el 23 de diciembre de 2023, Raúl 'N', quien se desempeñaba como director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, habría convocado a propietarios, encargados y representantes legales de diversos verificentros a un restaurante de la Ciudad de México.
En esa reunión, según testimonios incorporados a la investigación, habría establecido una nueva condición para los establecimientos: pagar 200 mil pesos mensuales para continuar con sus operaciones, aun cuando contaran con la documentación requerida.
Ante el temor de perder sus revalidaciones, sufrir bloqueos o quedarse sin hologramas, algunos concesionarios habrían aceptado cuotas de entre 30 mil y 100 mil pesos, determinadas de acuerdo con el número de verificaciones realizadas por cada centro.
Para febrero de 2024, la exigencia habría aumentado con un cobro denominado “retroactivo”, de 162 mil 500 pesos por cada verificentro, bajo el argumento de que habían podido operar sin problemas durante los últimos meses de 2023.
SAECHVV habría sido utilizado para bloquear verificentros
La investigación también apunta al uso del Sistema Automatizado de Emisión y Control de Hologramas de Verificación Vehicular (SAECHVV), herramienta que permite supervisar de manera remota y en tiempo real las emisiones de los vehículos y las actividades de los verificentros.
Aunque el sistema cuenta con mecanismos de seguridad para detectar irregularidades, la Fiscalía sostiene que su operación dependía de personal con acceso al Centro de Control de la Secretaría de Medio Ambiente, por lo que habría sido utilizado para bloquear establecimientos como parte de las presuntas prácticas extorsivas.
Los cierres podían durar horas, días o meses y estar acompañados de procedimientos administrativos. Entre las supuestas irregularidades utilizadas para justificar las restricciones se encontraban logotipos despintados, equipos de cómputo sin actualizar o diferencias entre la inspección de un vehículo y las imágenes captadas por las cámaras.
La entrega de hologramas también habría sido utilizada como mecanismo de presión. Cuando los establecimientos agotaban la cantidad autorizada por la autoridad ambiental, podían quedarse sin posibilidad de continuar con el servicio hasta obtener más engomados; según las indagatorias, su entrega habría estado condicionada en algunos casos al pago de cuotas.
El expediente revela además una exigencia que habría alcanzado los 500 mil pesos por cada línea de verificación. Según la Fiscalía, en marzo de 2026 Raúl 'N' habría enviado un mensaje para exigir a los concesionarios.
PNMO