La recién aprobada reforma judicial concentra más poder en la cúpula del Poder Judicial de la Federación y reduce la independencia de los jueces y magistrados, aseguró Laurence Pantin, de la organización México Evalúa.
En su opinión, la coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales mencionó que era deseable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hubiera transferido al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) funciones administrativas que todavía realiza el Alto Tribunal.
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“El consejo de la Judicatura fue creado para ser precisamente el órgano de gobierno del PJF y como tal para encargarse de sus recursos tanto financieros como humanos. Pero en realidad ahí hay una anomalía porque la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conservaron una serie de atribuciones administrativas. Por ejemplo, la elaboración y gestión de su presupuesto y los mecanismos de ingreso y promoción de sus funcionarios, o la vigilancia sobre estos funcionarios y el manejo de sus recursos”, explicó.
Durante el taller “Claroscuros de las reformas al poder judicial: lo que se aprobó y lo que viene”, Laurence Pantin señaló que también era deseable que se fortaleciera el CJF separando las presidencias del consejo y de la Corte, las cuales preside el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; además, consolidar el proceso de nombramiento de los consejeros de la judicatura “para evitar que sean objeto de captura política”.
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Estas medidas, añadió, no fueron planteadas en la “Ley Zaldívar” y ni siquiera fueron parte del debate que hubo en la Cámara de Diputados y en el Senado.
“Las medidas que se establecieron en la reforma para consolidar supuestamente a la Corte como Tribunal constitucional tienen una consecuencia que es que tienden a disminuir el margen de decisión de los jueces y magistrados y a concentrar más poder en la cúpula del PJF, y esto es algo que nos preocupa sumamente porque en realidad reduce o tiende a reducir la independencia de los jueces y magistrados”, aseguró.
Laurence Pantin dijo que otro objeto de la “Ley Zaldívar” es combatir el nepotismo y la corrupción al interior del PJF.
“Pero la reforma Zaldívar propone, según nosotros, medidas incompletas, porque se enfoca en los eslabones más bajos, pero no aplican en la cúpula del Poder Judicial. Si realmente se quería combatir el combate a la corrupción y al nepotismo, se debía contemplar una modificación para concentrar todas las facultades de control en la Contraloría del PJF, eliminando las contralorías de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, pero sobre todo modificando el proceso de nombramiento de esas contralorías para que no dependan de la Corte o del Tribunal”, declaró.
Comentó que en la reforma no se contempló el servicio profesional de carrera para funcionarios administrativos para evitar el nepotismo; tampoco la necesidad de que pedir que se fortalezcan los poderes judiciales locales, cuyos asuntos terminan resolviéndose en el ámbito federal; y que las sentencias que se emiten sean con lenguaje claro y transcripciones innecesarias, para acercar la justicia a la ciudadanía.
irh