El estado de Puebla reportó una sobrepoblación de 27.9 por ciento en los cuatro centros penitenciarios y de tratamiento para adolescentes, a cargo de autoridades estatales, donde los incidentes que más se presentan son riñas entre la población recluida, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Durante el año 2018 ingresaron un total de dos mil 253 personas a cárceles y centros de internamiento para adolescentes por la comisión de delitos del fuero común y federal, cifra que es 14 por ciento mayor a lo reportado un año antes, en 2017.
De acuerdo con los resultados del décimo Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población recluida en cárceles poblanas al cierre del año pasado fue de 4 mil 303 personas, lo que ubicó al estado de Puebla entre los catorce sitios en el país con mayor población privada de la libertad, en tanto reportó dos mil 05 egresos.
Sin embargo, el número de camas o espacios para las personas, hombres y mujeres, recluidas en los centros estatales resultó insuficiente, lo que puede traducirse en una condición de hacinamiento que reportan la mayorías de las cárceles en el estado.
Al cierre del año 2018, las penitenciarías contaban con 3 mil 751 lugares para el alojamiento de personas sentenciadas y en proceso, es decir, existe más población en las cárceles que camas disponibles para los presos, así lo reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Lo anterior, colocó a Puebla entre las entidades que registraron los porcentajes más altos de sobrepoblación, solo por detrás del Estado de México, con 106.8 por ciento; Nayarit, con 75.8 por ciento; Durango, con 74.0 por ciento; y Puebla con 27.9 por ciento.
En el caso de los centros de tratamiento y/o internamiento para adolescentes se reportó una población de 38 jóvenes y diez ingresos, donde la capacidad instalada fue de 135 espacios.
El censo reveló que 64 por ciento de la población en las cárceles ejerce alguna actividad ocupacional, mientras espera su sentencia o rehabilitación; y 20.7 por ciento toma cursos de capacitación o realiza algún tipo de estudio mientras termina su condena.
Sobre los incidentes en centros penitenciarios, se registraron un total de 45 a lo largo del año pasado, de los cuales, por lo menos 41 fueron riñas.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se detectó que en el caso de Puebla, el 44.4 por ciento de la población privada de la libertad no contaba con sentencia al cierre de 2018, proporción que se ubicó por encima del promedio nacional, que reporta un 34.6 por ciento.
ARP