La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó tres resultados judiciales relacionados con violencia de género y agresiones sexuales contra mujeres y niñas, que derivaron en dos sentencias condenatorias con penas superiores a 30 años de prisión y la detención de un hombre señalado por su probable participación en la violación equiparada de una menor de edad.
El primer caso corresponde a Erik Leonardo N., de 28 años, quien fue sentenciado a 36 años y 6 meses de prisión por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y aborto, luego de que, de acuerdo con la investigación ministerial, el 27 de mayo de 2024 agrediera a su expareja, quien se encontraba embarazada. Posteriormente, al recibir atención médica, se confirmó la ausencia de frecuencia cardiaca fetal.
El 29 de septiembre de 2026, un juez impuso al acusado 30 años de prisión por feminicidio en grado de tentativa y otros 6 años 6 meses por aborto, además de una multa de 625 UMA. Los derechos relacionados con la reparación del daño quedaron a salvo para la etapa de ejecución.
En otro caso, Oswaldo Habacuc N. recibió una sentencia de 32 años y 3 meses de prisión por violación equiparada agravada cometida contra su hija en agosto de 2024, en la ciudad de Puebla. Además de la pena de prisión, deberá cubrir una multa de 325 UMA, recibió amonestación y se determinó la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
A estos resultados se sumó la detención de Daniel Isidoro N., de 54 años, investigado por su probable participación en el delito de violación equiparada en agravio de una niña de 11 años, en el municipio de Chignahuapan.
La investigación comenzó después de que la menor manifestara a un familiar haber sido víctima de conductas de carácter sexual cometidas por su padre. Con los datos de prueba obtenidos, el Ministerio Público consiguió una orden de aprehensión ante un juez de Control de la Región Norte, con sede en Zacatlán.
El hombre fue localizado y detenido por agentes de la Fiscalía el 4 de octubre en Chignahuapan y quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica.
Los tres casos fueron investigados por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, mientras que en el asunto de la menor las autoridades señalaron que se aplican protocolos de protección integral y el principio del interés superior de la niñez.
AAC