A casi tres meses de la fatal masacre al interior de un centro de rehabilitación de Irapuato, representantes de anexos del municipio se manifestaron a las afueras de las oficinas gubernamentales para pedir se les permita tener acceso a los permisos correspondientes que les permitan operar.
"Lo que siempre hemos venido pidiendo nosotros como red estatal es que nos volteen a ver, queremos contribuir a desaparecer este problema, los jóvenes nos están siendo arrebatados por la droga y nosotros lo que queremos es que ellos vean que lo único que hacemos es trabajar y tener un Guanajuato libre de adicciones”, explicó Nicolás Pérez Ponce, presidente de la asociación de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB).
Desde temprana hora, un número importante de personas se colocó a las afueras de las oficinas ubicadas a un costado de las instalaciones de la doceava región militar, para impedir el acceso a los empleados del lugar con el objetivo de llegar a un dialogo con las autoridades. Aseguran que por lo menos 100 de estos centros, fueron colocados sellos por falta de permiso de uso de suelo, sin embargo cuentan toda la reglamentación, argumentan han existido trabas por parte de las autoridades para otorgarles dicho permiso.
De acuerdo a información oficial, en el municipio de Irapuato existen un total de 265 centros de rehabilitación de los cuales solo 15 están registrados y cuentan con todos los permisos.
Algunos de estos trámites son permisos de uso de suelo que se tramitan ante el municipio, un acta constitutiva de la asociación responsable del centro y con avisos de funcionamiento, aval de un médico responsable autorizado por la Secretaría de Salud del estado y una certificación federal de COFEPRIS.
“No estamos cerrados en su totalidad, pero contamos con un sello que aunque tengamos las puertas abiertas, para la gente que viene a buscar el apoyo a estos lugares piensan que esta clausurado”, agregó.
Los manifestantes piden un dialogó abierto a fin de poder tramitar los permisos correspondientes que legitimen su labor, esto además de mejores condiciones para los centros de rehabilitación, pues comentan previo a la masacre del anexo “Buscando El Camino A Mi Recuperación”, ya se había alertado a las autoridades estatales y municipales de la existencia de centros que operaban en clandestinidad, pero se hizo caso omiso.
"Debido a lo que hicimos el día de hoy, se sentó el secretario del ayuntamiento y personalmente se le dio la consigna para que diera seguimiento a los tramites que estamos solicitando” , concluyó el vocero de los CRUB.
Fue a raíz de los hechos suscitados en el multi homicidio de 25 personas, que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Gobierno anunció la coordinación de trabajo con la Secretaría de Salud y los 46 Municipios para una revisión en todos los anexos que operan en Guanajuato, para asegurar que estos cumplan con la normativa vigente para seguir operando o de lo contrario ser clausurados.