De forma silenciosa, la revictimizaciónse ha convertido en el principal calvario de las personas que se animan a buscar justicia tras ser víctimas de cualquier delito. Y es que al hacerlo se encuentran con actitudes que los desaniman a seguir su lucha y resultan más afectados.
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Desde gritos, insultos, tardanza en atención, culpar a la víctima por lo sucedido, no garantizar sus derechos humanos o comentarios hirientes y la dilación de la investigación son los claros ejemplos de la revictimización.
Además se considera dentro de estas actitudes que el servidor público haya practicado cualquier tipo de exploración física en contra de la voluntad de la víctima, incluso cuando se niegue a realizar su trabajo sin causa justificada o en su caso cobren por ello.
También se ataca a la víctima cuando las autoridades publican, divulgan, proporcionan, facilitan o dan a conocer sin el consentimiento informado de la víctima los escritos, actas, testimonios, fotografías y demás partes integrantes de expedientes, independientemente de su estado jurídico e información que tengan estatus de clasificada, salvo los casos previstos por la ley.
Sin embargo, en algunas ocasiones, estas conductas pasan desapercibidas y las malas actitudes se convierten en algo cotidiano.
¿Qué es la revictimización?
La revictimización es aquella acción que produce una carga o sufrimiento adicional añadido por parte de instituciones públicas o privadas que son encargadas de brindar la atención a la víctima d un delito o violación a sus derechos humanos.
Por lo general estas acciones generan un impacto emocional, físico y económico en las víctimas.
Actualmente en Nuevo León se tiene vigente la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León, en donde se reconocen los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados.
Además tiene como objetivo establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de brindar la atención, asistencia y protección a las víctimas.
CEDH, un aliado para un trato justo
A través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), las víctimas que han sido maltratadas por las autoridades tienen un aliado que les garantizará un trato justo.
La presidenta de la CEDH, Olga Susana Méndez Arellano, explicó que a través de ellos hacen labor de acompañamiento para que se le dé un trato digno a la víctima, sobre todo se le garantice que tendrá justicia.
Además, Méndez Arellano detalló que la CEDH ha trabajado con las corporaciones policiacas, así como con la Fiscalía General del Estado para capacitarlos en temas de derechos humanos y erradiquen las conductas que dañan a las víctimas.
Cabe señalar que tan solo de enero al 27 de abril del presente año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido 30 denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de la Fiscalía General de Justicia, entre las que más se destaca el retardo injustificado en la integración y determinación de la averiguación previa con 15 denuncias.
Cadhac: Persiste un discurso que estigmatiza a las víctimas
Aunque en los últimos años han atendido más casos de violaciones de derechos humanos de personas privadas de libertad (PPL) y de víctimas de desaparición forzada, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (Cadhac) continúan brindando apoyo a todos los casos.
Para Cadhac, la revictimización es un problema grave, ya que considera que persiste un discurso oficial que estigmatiza a las víctimas.
“Persiste un discurso oficial que estigmatiza y criminaliza a las víctimas para culpabilizarlas por los
hechos que ocurren”
Sin justicia, la mayoría de víctimas: abogado
El abogado Enrique David Ogaz Díaz señaló para MILENIO que la también llamada doble victimización es más común de lo que se imaginan, lo que considera debe de tratarse como un signo de alerta ante la falta de empatía con una víctima.
“Es muy real la doble victimización, es gravísimo, todo por la burocracia en las fiscalías, y eso es una realidad, la mayoría de las víctimas
no reciben justicia”, señaló el especialista jurídico.
Aunque aclaró que dichas conductas son recurrentes hacia las víctimas de delitos sexuales y patrimoniales. En su experiencia y al llevar diversos procesos para defender a las víctimas de estos malos tratos, esta revictimización indicó que en ocasiones responde a la corrupción, ya que obligan a las personas a pagar con los trámites administrativos.
“No se le puede llamar de otra forma más que corrupción porque, ¿cómo es posible que uno tenga que pagar el corralón? Eso no lo dice en ninguna parte la ley, pero te lo cobran como una forma de negocio, eso es una realidad.
“Toda esta serie de abusos son recurribles. Es absurdo que la víctima tenga que hacerse cargo con los gastos del delito que le fue cometido y eso no viene en ninguna parte de la ley”, puntualizó el abogado. Incluso el especialista reveló que este tipo de abusos se da cuando la víctima no tiene un asesor jurídico que la respalde durante todo el proceso judicial.
“El índice de impunidad de acuerdo con cifras oficiales es del 95 por ciento, la mayoría de los agentes del Ministerio Público no le da seguimiento a las carpetas de investigación cuando no tienen un asesor jurídico”, comentó Ogaz Díaz.
Por ello pidió a los ciudadanos a no temer y alzar la voz ante cualquier indicio extraño que vean en su proceso.
“Si aceptamos el atropello, nosotros abonamos a que se perpetué este actuar de los servicios públicos; hay que hablar claro, es un tema de negocios”, señaló el abogado.
Abuso policiaco va al alza; suman 262 quejas en la CEDH A pesar de las capacitaciones que brinda la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) a los policías estatales y metropolitanos, la tendencia de los abusos de autoridad en contra de ciudadanos va al alza, al incrementarse 44.7 por ciento en el último trimestre, reveló el organismo defensor.
La CEDH informó que de octubre a diciembre de 2020 atendieron a 2 mil 192 personas, mientras que de enero a marzo de 2021 a 2 mil 616 con un incremento del 19.3 por ciento, al tiempo que recibieron 181 quejas durante los últimos tres meses y 262 al corte de marzo, lo que representa el aumento del casi 50 por ciento, por lo que llamaron a Aldo Fasci, secretario de Seguridad estatal, a sancionar a los elementos que violan los derechos humanos. Susana Méndez, presidenta del organismo, dijo que Seguridad Pública del Estado es la dependencia que concentró más quejas en el primer trimestre del 2021 con 75, seguido de la Fiscalía General con 49, sin embargo, éstas se registran porque el órgano de procuración de justicia tarda en concluir una carpeta de investigación.
La Secretaría de Salud es la dependencia que ocupa el tercer lugar con 13 quejas; le sigue Educación, con 11, y el Poder Ejecutivo, con 8, por lo que exhortó al gobernador en turno a conocer los derechos humanos para evitar atropellarlos.
El informe arroja que las principales violaciones a los derechos humanos con mayor frecuencia en los expedientes de queja son la detención arbitraria e ilegal con 74 y 69, respectivamente; tratos crueles, con 40; amenazas e intimidación y uso indebido de la fuerza, con 25 cada uno, e injerencia arbitraria con 24.
En el mapa metropolitano, los municipios con mayor frecuencia en los expedientes de queja son Guadalupe, Monterrey y García con 17, 16 y 10, respectivamente; San Nicolás y Escobedo 9 cada uno; Cadereyta 8; Santiago 4; Pesquería 3 y Apodaca solo 2.