El juzgado Primero de Distrito en Materia Penal con sede en Ciudad de México dio por terminada la prisión domiciliaria que se le había impuesto hace poco más de dos años a Brenda Quevedo Cruz, quien desde 2007 enfrenta un proceso penal por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace que, hasta la fecha, no se ha resuelto.
Tras una maratónica audiencia virtual de casi once horas que acabó está madrugada, la defensa (que ahora está integrada por abogados privados expertos en derechos humanos en lugar de defensores públicos), logró demostrar que las condiciones que en su momento se consideraron para imponer a Quevedo la restricción domiciliaria cambiaron.
El juzgado ordenó que también fuera retirado el dispositivo de geolocalización (brazalete electrónico) que portaba la mujer desde su salida de prisión en 2024.
La defensa expuso que entre las condiciones que se modificaron en los últimos dos años y que ameritaban el cambio de medidas cautelares estaba el fallecimiento de Isabel Miranda de Wallace, madre de Hugo Alberto.
Esto es importante porque una de las razones para mantener limitada de movimiento a Quevedo era el supuesto riesgo que representaba para la integridad de Isabel Miranda, cuyos abogados señalaron que había recibido amenazas del presunto grupo delictivo.
La defensa también logró documentar a través de la presentación de más de 40 datos de prueba que luego de haber pasado 15 años encarcelada en prisión preventiva, Quevedo ha mostrado un comportamiento respetuoso de las medidas que se le impusieron y que no existe riesgo de fuga.
Añadieron que enfrenta diversos padecimientos de salud que hacen necesario, en su caso, una atención médica especializada más allá de la que puede recibir estando recluida en su domicilio.
Contraria a esa postura, los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y los asesores jurídicos de la familia Wallace argumentaron que aun con la muerte de Isabel existe un riesgo permanente para los otros integrantes de la familia.
A su vez, recordaron que el riesgo de fuga no se desvanecía, pues, en su momento, Quevedo tuvo que ser detenida en los Estados Unidos tras haber escapado de la orden de aprehensión girada en su contra.
Los abogados de Wallace también subrayaron que Quevedo no padecía ninguna enfermedad degenerativa, y que tanto en el tiempo en que estuvo en prisión, como en su arraigo domiciliario, ha recibido toda la atención médica necesaria para su bienestar.
No obstante, el encargado del despacho del Juzgado Primero de Distrito en materia Penal, Juan Alfedo Buendía Rodríguez, concluyó que las condiciones sí habían variado y dio por terminado el arraigo domiciliario. Esto permitirá la retirada de los elementos de la Guardia Nacional que de forma permanente vigilaban el inmueble.
Proceso no se resuelve
Con independencia del debate en torno a las medidas cautelares, el caos iniciado en contra e Brenda Quevedo por el secuestro de Hugo Wallace ya se acerca a las dos décadas sin poder resolverse.
El proceso en contra de Brenda Quevedo se ha visto afectado y dilatado no solo por los recursos que las partes han presentado en favor de sus intereses, sino también por las denuncias de irregularidades y violaciones graves a derechos humanos de parte de las autoridades.
En 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación en donde se reconoció que Quevedo fue víctima de violaciones al debido proceso y a sus garantías individuales. Se estableció, entre otras cosas, que fue blanco de tortura física y sexual. En 2025, la misma CNDH emitió otra recomendación en la que se reconocieron violaciones a derechos humanos de sus familiares.
En 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU determinó que Quevedo había sido objeto de un amplio e injustificado encarcelamiento en el que se habían violado sus derechos.
En ese contexto, la defensa de Quevedo fue asumida formalmente por el Grupo de acción por los derechos humanos y la justicia social en conjunto con la clínica penal contra violaciones graves a derechos humanos del ITAM; la Red de abogadas Digna Ochoa; Clínica Minerva Calderón de la Ibero Puebla; entre otros, quienes están trabajando en diversos mecanismos jurídicos para tratar de que el proceso tenga un desenlace.
De la prisión preventiva al libre proceso
Brenda Quevedo fue detenida en noviembre de 2007 en Kentucky, Estados Unidos, y extraditada a México en septiembre de 2009 a partir de las acusaciones impulsadas por la Fiscalía General de la República (entonces PGR) e Isabel Miranda de Wallace.
Tras permanecer más de 17 años privada de la libertad en prisión preventiva, el 24 de junio de 2024 la Defensoría Pública Federal (DPF) logró el primer cambio de medida cautelar, permitiéndole continuar el proceso bajo arraigo en su domicilio, bajo el resguardo de la Policía Federal Ministerial y con el uso de un localizador en el tobillo.
Hasta ahora, Quevedo vivía con un brazalete electrónico y bajo fuerte resguardo de la Guardia Nacional.
Violaciones a derechos humanos y litigio internacional
El proceso penal en contra de Quevedo ha estado marcado por señalamientos de irregularidades.
En 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación en donde se reconoció que Quevedo fue víctima de violaciones al debido proceso y a sus garantías individuales. Se estableció, entre otras cosas, que fue blanco de tortura física y sexual.
En 2025, la misma CNDH emitió otra recomendación en la que se reconocieron violaciones a los derechos humanos de sus familiares.
A la par de las demandas de amparo presentadas en tribunales nacionales para forzar la absolución y el cierre del caso, la causa de Brenda Quevedo se encuentra actualmente en etapa de análisis de fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con información de Arturo Ángel
AH