Un juez federal ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión librada contra Jorge Leonardo Muñoz Vizcaíno, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de presuntamente constituir una empresa para lavar dinero del fundador y presidente de GIN Group, Raúl Beyruti Sánchez, El Rey del Outsourcing.
Desde hace un año, Muñoz Vizcaíno es buscado por los probables delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un mandamiento judicial girado por Daniel Ramírez Peña, juez control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México.
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Erik Zabalgoitia Novales, juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, concedió la protección de la justicia Leonardo Muñoz tras considerar que la resolución del juez de control adolece de una debida y adecuada motivación, lo que se traduce en una transgresión a los derechos humanos.
De acuerdo con la sentencia, el juez de control no justificó la necesidad de cautela porque tomó como cierto lo manifestado por la FGR, sin haberse aportado un dato de prueba, que los involucrados en este caso no pueden ser localizados y ello, evidencia su falta de arraigo.
También basó su decisión que con las múltiples cantidades de dinero que supuestamente recibió el quejoso, éste tiene los recursos para poder sustraerse de la acción de la justicia, y en consecuencia, no iba acudir voluntariamente a una citación y menos a ponerse a disposición a través de una orden de comparecencia.
Sin embargo, el juez de amparo determinó que no hay datos que revelen que existió una búsqueda de Muñoz Vizcaíno en su domicilio para ser notificado que era requerido.
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Zabalgoitia Novales mencionó que para librar la orden de aprehensión es necesario que “existan circunstancias concretas y objetivas, que evidencien la posibilidad de que el imputado se evada de la acción de la justicia o bien, la imposibilidad fehaciente de ser citado en algún domicilio, lo cual, en el caso, no aconteció”.
Por esta razón, ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión emitida el 12 de febrero de 2021, para que el juez de control con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, tomando en cuenta los elementos de la sentencia de amparo.
La FGR también busca imputar a Raúl Beyruti Sánchez, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 4 millones 335 mil 705 pesos.
Beyruti Sánchez probablemente recibió el dinero de cuatro empresas factureras por concepto honorarios asimilados. Los depósitos presuntamente se realizaron entre 2014 y 2017, de compañías que fueron constituidas en San Luis Potosí, Quintana Roo y la Ciudad de México, entre 2008 y 2015.