Tras firmar el acuerdo de culpabilidad con los mismos fiscales que procesan a Genaro García Luna, quienes a cambio propusieron una sentencia mínima de 10 años de prisión, Iván Reyes Arzate se perfila como el primer testigo en el juicio en contra del ex secretario de Seguridad Pública programado para iniciar el 24 de octubre próximo.
Otros testigos que podrían declarar contra García Luna son Jesús El Rey Zambada García, quien durante el juicio en contra Joaquín El Chapo Guzmán dijo haber dado “entre tres y cinco millones de dólares” al ex director de la AFI durante el sexenio de Vicente Fox.
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Otro que espera la invitación es el ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, en cuya acusación se le liga con una escisión de los Beltrán Leyva, y que fue procesado en la misma corte de Brooklyn. Desde que fue sentenciado en septiembre del 2019, El Diablo ha intentado varias vías para anular la acusación en su contra alegando “falta de pruebas”.
Ayer, en la víspera de la sentencia, los fiscales enviaron al juez Brian Cogan una sugerencia que, aceptan, “se halla muy por debajo del rango de las directrices” de esos casos.
Desde la audiencia del 24 de enero del 2020, el fiscal Ryan Harris, asignado tanto al caso de Reyes Arzate, como el de García Luna, dejó claras sus intenciones legales: "confiamos en que Reyes Arzate nos proporcione información de los sobornos que los hermanos Beltrán Leyva dieron a García Luna”, dijo.
Tanto el acuerdo del 19 octubre de 2021,como la sugerencia dadivosa de ayer son muestra de las negociaciones en que han estado envueltas las partes, de cara a un proceso aún más complicado: el que se le sigue a García Luna, quien a través de su abogado, Cesar de Castro, y durante más de dos años, ha insistido en su inocencia, pese a que la Fiscalía presume de contar con “un caudal de pruebas”.
La defensa del ex comandante de la Policía Federal, Reyes Arzate, dijo a finales de la semana pasada que “una sentencia mínima obligatoria de cinco años era suficiente”, alegando que una pena más larga crearía disparidades con sentencias aplicadas a “otros funcionarios corruptos”. No se conocen más detalles del memorándum de la defensa pues a petición suya, el documento permaneció sellado, algo inusual en esta corte.
También pidió el defensor de La Reina, Mark DeMarco, que el tribunal considere los 40 meses que el acusado estuvo preso por el dictamen de Illinois, insistiendo que dicha condena “es parte del presente delito y el Sr. Reyes ha estado encarcelado desde que se entregó en Chicago el 27 de marzo de 2017”. En este punto es donde el gobierno les responde que la sugerencia de 10 años de sentencia enviada ayer a Cogan, estaba “muy por debajo del rango de las directrices”.
Reyes Arzate era el oficial de más alto rango de la Unidad de Información Sensible de la Policía Federal y, como tal, principal punto de contacto para el intercambio de información entre los policías estadunidenses y mexicanos. Desde esa posición, presuntamente vendió información a cambio de sobornos a la organización El Seguimiento 39, de la que se le comprobó haber recibido un pago de 290 mil dólares por el que fue despedido de la PF en 2016.
Coincidentemente, el presunto líder de la organización El Seguimiento 39, Ángel Domínguez Ramírez Jr., se declaró culpable el 10 de noviembre del 2021, de lavado de dinero y de transportar toneladas de cocaína desde Sudamérica a los Estados Unidos, operando desde Tamaulipas y Nuevo León. Él se halla a la espera de la fecha de su sentencia en una Corte de San Diego, California.
Dice el Departamento de Justicia que Domínguez, con doble nacionalidad, es un ex infante de Marina de los Estados Unidos y construyó su organización en alianzas con los Beltrán Leyva, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y Los Zetas. El Seguimiento 39 no sólo transportaba cantidades propias de cocaína y marihuana, sino que lo hacía también para “líderes de otros carteles mexicanos”.
FS