Ricardo Thompson Navarro, vocal del Consejo de Administración de la compañía Ingemar y socio del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, abandonó el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, porque un juez de control le cambió la medida cautelar.
De acuerdo con registros judiciales, el imputado fue trasladado a su domicilio en Ensenada, Baja California, donde enfrentará su proceso en prisión domiciliaria.
“… agréguese la razón actuarial signada por el actuario judicial adscrito con el cual refiere que el quejoso Ricardo Thomson Navarro fue externado del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno ‘Altiplano’ en Almoloya de Juárez y fue puesto en libertad por cambio de medida cautelar”, detalla un acuerdo judicial.
El actuario pretendía notificar a Thompson Navarro si era su voluntad desistirse de un juicio de amparo que tiene en curso, pero el actuario fue notificado por las autoridades penitenciarias de que el juez de control modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
“Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 269 del Código Nacional de Procedimiento Civiles y Familiares, aplicado supletoriamente, se invoca como hecho notorio que del juicio de amparo 980/2026 se advierte que el citado quejoso guarda arraigo domiciliario en el inmueble ubicado en Carretera Tijuana-Ensenada, Kilometro sitio 103, Número 7627 Colonia Sauzal, en Ensenada Baja California, Código Postal 22760”.
Por esta razón, el juez de amparo exhortó al Juzgado de Distrito en el estado de Baja California, con sede en Ensenada, en turno, para que, en auxilio de la Justicia Federal, comisione a uno de los fedatarios de su adscripción a efecto de que se constituya en el citado domicilio y notifique a Thompson el acuerdo emitido por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México.
“Asimismo, le ponga a la vista los escritos que para tal efecto se adjuntan a esta comunicación oficial y le requiera para que manifieste en el acto de notificación o dentro del plazo de tres días legalmente computado, ratifique sus escritos de desistimiento”.
Cabe mencionar que, el 23 de julio de este año, Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal adscrita al penal del Altiplano, vinculó a proceso a Ruffo Appel y a Thompson Navarro por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando relacionados, derivados del caso de huachicol fiscal a través de ferrotanques.
La Fiscalía General de la República (FGR) presume que durante 2025 Ingemar importó 2 mil 137 millones de litros de petrolíferos, mientras que Servicios Aduanales JR introdujo otros 225 mil 633 litros, sin contar con los permisos de la Secretaría de Energía.
Las Fuerzas Federales aseguraron más de 18 millones de litros de hidrocarburos en Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, lo que se cree que ocasionó un daño a la hacienda pública por 166 millones 466 mil pesos.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, ha declarado que tanto Ruffo Appel y Thompson, como otras personas, formaban parte de “una colosal red de contrabando de combustible”.
ROA