Por lo menos nueve servidores públicos de la administración que encabezó el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, vinculado a proceso en cuatro causas penales e interno en un penal federal, han declarado en su contra sobre cómo operó recursos en beneficio propio y de su círculo cercano.
Se trata del ex secretario de Desarrollo Económico, José Luis Naya González; el ex director del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales (Fircaes), Lázaro Valerio Esquinca; la ex coordinadora de contabilidad, Carmen Amalia Bernal Mendoza; y el ex director general de los Fondos de Financiamiento, Héctor Manuel Montero Rodríguez. Otro ex funcionario señalado en esta causa penal es Nazario Alonso Villaseñor Anguiano.
De acuerdo con los datos de prueba que presentó la Fiscalía General del Estado de Nayarit durante la audiencia, los ex servidores públicos declararon haber participado en el desvío de recursos del Fircaes por instrucciones de Sandoval Castañeda.
En este caso, el ex gobernador de Nayarit fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones por un desvío de 83 millones de pesos del Fircaes, probablemente utilizados con fines electorales y créditos otorgados a discreción.
En los documentos a los que tuvo acceso MILENIO, declara Lázaro Valerio Esquinca que, a través de mensajes vía celular, el entonces gobernador de Nayarit le daba instrucciones para que autorizara créditos que no tenían nada que ver con los fines por lo que se habían creado el fondo.
Por otra parte, José Luis Naya dijo que fue citado en la oficina del gobernador donde le propio Roberto Sandoval le indicó que el fondo Fircaes y el Programa Seguro Alimentario (Prosa) tenían que funcionar porque ya habían sido anunciados. En un principio sería a través de tarjetas, pero después optó por entregar los recursos en efectivo porque “Fepade les iba a caer”.
Mientras que Héctor Manuel Montero declaró que, por instrucciones del gobernador, los créditos a la palabra tenían que estar dirigidos para beneficiar a ciertas empresas.
La información con la que cuenta la fiscalía encabezada por Petronilo Díaz-Ponce Medrano, y que fue proporcionada al juez durante la audiencia inicial, refiere que fueron detectadas cuatro formas de operar los recursos del Fircaes en beneficio de servidores públicos y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En el primer caso, aunque los créditos, apoyos y subsidios no podían pasar de 100 mil pesos por beneficiado, 8 millones 419 mil pesos fueron destinados para 19 personas físicas y morales sin que fuera autorizado por el Comité Técnico. Destaca que la empresa Autosistemas de Torreón recibió 2 millones 149 mil pesos.
En segundo lugar, detectaron que 7 millones 100 mil pesos del fondo fueron destinados para beneficiar a simpatizantes del PRI. Ese desvío de recursos fue confirmado por los declarantes que participaron en la operación por instrucción del gobernador.
Por otra parte, Roberto Sandoval pidió en junio de 2014, la emisión de varios cheques, 3 millones 375 mil pesos fueron destinados para una lista de beneficiarios integrada prácticamente por simpatizantes del PRI.
Cuatro cheques a nombre Lázaro Valerio Esquinca por 2.5 millones, se emitieron 4 cheques por 2 millones de pesos a nombre del coordinador de crédito, Juan José Arcadio y 2 cheques por 2 millones de pesos a nombre de Carmen Amalia Bernal Mendoza.
Mientras que, entre octubre de 2014 y agosto de 2015, Roberto Sandoval instruyó que 23 millones de pesos del fondo pasaran al área de recaudación de la Secretaría de Finanzas para destinarlos a otros programas.
En el caso de la causa penal relacionada con el Programa Seguro Alimentario (Prosa), el juez vinculó a proceso a Roberto Sandoval por delitos electorales, mientras que por ejercicio indebido de funciones y peculado no encontró elementos suficientes que acreditaran.
De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el financiamiento de Prosa tuvo dos formas: por medio de los recursos asignados por el estado y aportaciones voluntarias cada quincena de los servidores públicos de su administración.
Se menciona que, aunque el programa para la entrega de productos de la canasta básica inició en el segundo trimestre de 2013, desde el año 2012 se comenzó a recabar recursos provenientes del salario retenido de servidores públicos que no se reflejaba en sus nóminas, ya que se traspasaba directamente a la cuenta de Prosa.
La cuenta de dicho programa llegó a tener entre los años 2016 y 2017 alrededor de 135 millones de pesos. Algunos empleados señalaron haber sido obligados a firmar que aceptaban el descuento, otros desconocían que se les hacía esa retención.
Durante la audiencia, la fiscalía presentó pruebas como las cuentas contables de Prosa, entrevistas de ex funcionarios para demostrar la forma en que se utilizó el dinero ya que se tienen registros que fueron adquiridas pantallas y relojes, además que se tenía la intención de utilizar los recursos para las elecciones de 2017.
El ex gobernador Roberto Sandoval permanece en prisión preventiva justificada en el penal federal de El Rincón, ubicado en Tepic, en espera que le juez determine su situación por cuatro procesos, tres del fuero local y una del fuero federal, esta última por operaciones con recursos de procedencia ilícita, por la que también ya declararon el extitular de la Auditoría Superior del Estado, Roy Rubio Salazar, el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Raymundo García Chávez; el exsecretario del Trabajo, Federico Gutiérrez Villalobos y el exdirector del Centro de Readaptación Social “Venustiano Carranza”, Pavel Valdez Balbuena.
RLO