Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) ingresaron en diciembre a las instalaciones de la Fiscalía General de Nayarit en busca de información sobre personas desaparecidas durante el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda, e incluso fosas clandestinas que pudieran encontrarse en esas instalaciones, desde las cuales operó Edgar Veytia como fiscal de la entidad.
Fuentes ministeriales confirmaron a MILENIO que personal adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, de la FGR, ingresó a la Fiscalía de Nayarit el 17 de diciembre de 2020. El operativo se manejó en sigilo y nunca fue informado por la Fiscalía de la República.
Dos días antes, un convoy de la FGR se trasladó de la Ciudad de México a Tepic, Nayarit, para que diez testigos declararan ante el Ministerio Público de la Federación con el fin de que aportaran información sobre la desaparición forzada de 39 personas durante el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda.
El 16 de diciembre de ese año, las diez personas testificaron y aportaron la información suficiente para que la FGR solicitara una orden de cateo ante un juez para ingresar a la Fiscalía estatal, misma que obtuvo y se cumplimentó al día siguiente. De acuerdo con las fuentes consultadas, la delegación de la FGR en Tepic no fue informada de esa operación que venía directamente desde la Ciudad de México.
En un video obtenido por MILENIO se observan varias camionetas de la FGR sobre la avenida Tecnológico en espera de ingresar a las instalaciones de la Fiscalía de Nayarit. El personal de la Fiscalía General de la República estaba integrado también por peritos y binomios caninos, además, llevaban aparatos para identificar si la tierra fue removida, con el fin de ubicar ahí mismo probables fosas clandestinas.
Autoridades de la FGR señalaron por separado que un día después, el 18 de diciembre, un agente del Ministerio Público Federal a cargo del operativo se reunió con el actual titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit, Petronilo Díaz-Ponce Medrano, quien les ofreció apoyo para una diligencia, pero no aclararon en qué consistió dicha ayuda.
La diligencia de la FGR se realizó luego que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitara al Estado Mexicano y al gobierno de Nayarit indagar sobre la desaparición de esas personas durante el periodo en que el fiscal era Edgar “El Diablo” Veytia, condenado en Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con los testimonios, la fiscalía de Nayarit fue utilizada por Veytia como su centro de operaciones donde se decidía a quién secuestrar, extorsionar, arrebatarle sus bienes y mandar a prisión como medida de presión para que firmaran los documentos y entregar su patrimonio.
La información que se obtuvo refiere que elementos de la Fiscalía de Nayarit, en un principio, no dejaban ingresar al personal de la FGR, no obstante que se le indicó y enseñó la orden del juez.
Con los testimonios que obtuvo el Ministerio Público Federal lograron tener un mapeo del interior de la Fiscalía estatal y saber que una parte que era terracería ahora estaba pavimentada. Después se dirigieron a los alrededores del Semefo, donde movieron vehículos y utilizaron tecnología de rastreo de suelos para verificar si había oquedades entre la tierra.
Además, solicitaron información a la fiscalía de Nayarit relacionada con los avances que tenían sobre la investigación por la desaparición de las 39 personas que refiere el Comité de la ONU, hechos ocurridos en la época del fiscal Edgar Veytia y su compadre, el gobernador Roberto Sandoval Castañeda.
Cabe recordar que, a partir de esos testimonios en los que se señala a la administración de Sandoval Castañeda en casos de corrupción y otros delitos, varios integrantes de la Comisión de la Verdad han sido blanco de amenazas.
Tal es el caso del vocero de ese movimiento, Rodrigo González Barrios, quien ha sufrido dos atentados, uno el día 12 de diciembre de 2019 cuando circulaba en su automóvil acompañado de su hija, y otro el 13 de enero de 2020, cuando sicarios dispararon en varias ocasiones al vehículo en el que viajaba, causándole una herida a González Barrios a la altura del cuello.
El propio González Barrios confirmó a MILENIO el cateo realizado a mediados de diciembre a la Fiscalía nayarita. Aseveró que los agentes federales obtuvieron y trasladaron a la Ciudad de México expedientes de denuncias de personas desaparecidas, en las que se involucra a Veytia,.
Sus denuncias revelaron los presuntos actos de corrupción y el enriquecimiento ilícito de Roberto Sandoval –hoy prófugo de la justicia en México- quien es señalado en Estados Unidos por sus probables vínculos con los cárteles de la droga.
El vocero de la denominada Comisión de la Verdad afirmó que entre 2011 y 2017 el edificio de la Fiscalía General de Justicia nayarita era utilizado como casa de seguridad para torturar, secuestrar y despojar a familias de sus propiedades.
González Barrios recordó que “el tema de la desaparición forzada es un asunto que está solicitando el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU; es un tema que traen desde el mes de agosto de 2020”.
La Comisión de la Verdad fue creada en 2016 por un grupo de profesionistas y ciudadanos, con el fin de presentar denuncias por abuso de poder en contra del ex gobernador Roberto Sandoval y el ex Fiscal Veytia.
Rodrigo González Barrios fue diputado local por el PRD en 1999, ex secretario del ayuntamiento en 2011 y fundador de la Comisión de la Verdad.
El vocero además reveló que ha sostenido reuniones con el Alto Comisionado de la ONU para enriquecer las carpetas de investigación por personas desaparecidas, pues “existe una grave omisión en las investigaciones en la Fiscalía de Nayarit; por ello la FGR y (la Secretaría de) Gobernación tienen el caso en sus manos”.
De acuerdo con las denuncias que tiene la FGR, Veytia utilizaba a su grupo de élite llamado Policía Nayarit para cometer todo tipo de delitos, junto con su socio, Francisco Patrón Sánchez, “El H2” a quien luego traicionó para entregarle la plaza al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Con información de Salvador Arellano y Rubén Mosso