Sacerdotes jesuitas y ‘El Chueco’: el día que el crimen organizado trastocó la esperanza de la comunidad rarámuri en Chihuahua

"Recordamos con dolor e indignación este crimen y, a su vez, reiteramos nuestro compromiso con la construcción de paz y esperanza, guiados por la memoria de sus actos", se lee en una parte del pronunciamiento del Sistema Universitario Jesuita a dos años del asesinato de Joaquín Mora Salazar, Javier Campos Morales y Pedro Palma en Urique, Chihuahua.

Tanto la orden religiosa Compañía de Jesús como organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos se unieron para recordar a los dos sacerdotes jesuitas que, pese haber dedicado su vida a las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, fueron asesinados.

Aquel crudo episodio figuró como un nuevo paso a la deshumanización del país, un escenario en donde los límites de la violencia y del crimen organizado se sobrepasan y trastocan cualquier reserva moral que, en este caso, solía guardarse a Dios y la Iglesia Católica.

"Los eventos de Cerocahui mostraron que la violencia y la impunidad continúan campeando a sus anchas en México, sobre todo en territorios como la Sierra Tarahumara, zonas en donde las comunidades y los pueblos indígenas resisten el despojo territorial en medio del fuego cruzado generado tanto por los agentes estatales como por actores privados", sostuvo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en un artículo sobre el caso publicado en la revista DefonDHo.

Dos años después del crimen, la memoria es el único instrumento con el que las labores de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar así como del guía de turistas Pedro Palma se antepongan al panorama de impunidad que permea el caso y que ha impedido que llegue la paz a Urique.

El asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua

Las impresionantes montañas que conforman la Sierra Tarahumara en el suroeste de Chihuahua resguardan entre sus entrañas a múltiples comunidades indígenas que viven un día marcado por majestuosos paisajes pero, también, por la pobreza y el rezago.

Cerocahui es uno de los poblados del municipio de Urique, el cual se ubica a escasos kilómetros de los límites del estado con Sonora y Sinaloa, un factor que también lo posiciona como una zona de disputa para organizaciones delictivas.

Entre aquel adverso escenario, un rayo de esperanza se abrió paso entre la comunidad rarámuri de la mano de la Compañía de Jesús, la cual era representada en la zona por los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales -mejor conocido como el Padre Gallo- y Joaquín César Mora, a quien también llamaban Morita.

Con 79 años de edad, Javier Campos se desempeñaba como superior de la orden de los jesuitas en la región, un puesto que alcanzó tras 50 años de servicio la Sierra Tarahumara.

Testimonios recabados por medios de comunicación locales lo describen como un hombre noble que solía ponerse sus botas vaqueras para llevar la palabra de Dios hasta las localidades más lejanas. Su conexión con los pobladores era tan estrecha que conocía su lengua, sus casas y caminos.

Morita, por su parte, dedicó dos décadas de sus 81 años a las comunidades de la zona. El sacerdote, oriundo de Monterrey, Nuevo León, solía pasearse por diversos poblados de la sierra con pantalones de mezclilla y camisas de cuadros. Aunque no hablaba del todo el dialecto de los pobladores, también era querido entre la comunidad rarámuri.

La misión altruista que ambos sacerdotes jesuitas desempeñaron durante décadas en el suroeste del estado se vio interrumpida el 20 de junio de 2022 cuando, en un abrir y cerrar de ojos, a las puertas del templo de Cerocahui llegó corriendo un hombre visiblemente golpeado que solicitaba auxilio y resguardo.

Su nombre era Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez y llevaba poco más de 40 años siendo un guía turístico de la Sierra Tarahumara. De acuerdo con declaraciones que su hijo dio en entrevista con EL PAÍS, el hombre de 60 años era originario de la comunidad de Teporachi hasta que a los 12 años migró a Estados Unidos en búsqueda de una mejor calidad de vida. Años más tarde regresó a México y, junto a su esposa, montó una empresa turística que recorría las montañas y comunidades indígenas de Chihuahua.

Aquel lunes por la tarde, un líder criminal local se habría enemistado con Pedro Palmas por no “haberlo saludado cordialmente”, según dijeron testigos entrevistados por el periodista Ricardo Raphael para su columna en The Washington Post.

Aquella supuesta falta de respeto habría motivado a José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, a emprender una cacería en contra del guía de turistas quien, al percatarse que su vida corría peligro, buscó refugio en la iglesia de Cerocahui.

Dentro del templo, los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora trataron de intervenir en el conflicto al intentar persuadir al líder criminal para que no detonara su arma de fuego en contra de Pedro Palmas. Sus peticiones fueron ignoradas y cerca del atrio el hombre de 60 años de edad fue asesinado.

La violencia que irrumpió esa tarde en Cerocahui también cobró la vida del Padre Gallo y Morita, quienes también fueron acribillados ante los ojos de un tercer sacerdote jesuita.

De forma extraoficial, medios locales reportaron que tras percatarse de lo que hizo, El Chueco solicitó confesarse, por lo que permaneció alrededor de 40 minutos más dentro de la iglesia que ya era resguardada por camionetas con civiles armados.

A su salida, los acompañantes del líder criminal subieron los cuerpos de las tres víctimas a su vehículo pese a la desesperada súplica del tercer sacerdote para que no se los llevaran.

En cuestión de horas, el caso se difundió a nivel nacional desatando una ola de indignación que llegó hasta El Vaticano, una situación que presionó a autoridades estatales para la localización de los cuerpos y de quien resultara responsable por el brutal crimen.

La mañana del 22 de junio de 2022, la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos Galván, informó que los cadáveres de los dos sacerdotes jesuitas y del guía de turistas habían sido recuperados. Sin embargo, entre la opinión pública prevalecía la interrogante ¿Dónde está el culpable?

'El Chueco' y Gente Nueva, el brazo armado del Cártel de Sinaloa en Chihuahua

Con los ojos de la ciudadanía y órdenes religiosas observando, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua comenzó a desplegar múltiples equipos de investigación que permitieran identificar y rastrear a quienes resultaran responsables del asesinato de los violentos hechos ocurrios en el interior de la iglesia de Cerocahui.

Conforme los días transcurrieron, las primeras planas de medios locales y nacionales difundieron el rostro y el nombre del presunto responsable. Su nombre de pila era José Noriel Portillo Gil pero en las comunidades de la Sierra Tarahumara era mejor conocido como El Chueco.

Autoridades lo ubicaron como el líder local de una célula criminal del Cártel de Sinaloa conocida como Gente Nueva la cual, junto a Los Salazar, son los brazos armados de la facción de Los Chapitos que opera en Chihuahua y Sonora.

Información recabada por InSight Crime da cuenta de que ambos grupos delictivos aliados protagonizaron una disputa por el control de las plazas en contra del Cártel de Cabora que, en aquel entonces era liderado por Rafael Caro Quintero y había formado alianzas con La Línea -brazo armado del Cártel de Juárez- y con otras células criminales al servicio de Ismael El Mayo Zambada.

Bajo el control de Gente Nueva se encontraban los poblados de San Rafael, Ciénega de Trejo, Guadalupe Coronado, Mesa de Arturo, Cerocahui y Bahuichivo, en donde perpetraron actividades delictivas que iban desde la siembra y el tráfico de drogas hasta el desplazamiento de comunidades indígenas a las que les arrebataron sus tierras.

El perfil violento y acelerado de José Noriel Portillo Gil resultó ideal para el liderazgo de la célula criminal. Y es que, según detalló la FGE, El Chueco ya contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes que no habían sido ejecutadas por las autoridades.

Además del homicidio de los dos sacerdotes jesuitas y el guía turístico en Cerocahui, al líder criminal se le relacionó en 2017 con un ataque armado a la agencia de investigación de Chihuahua así como con el asesinato del Patrick Braxton Andrew, un ciudadano estadunidense al que habría confundido con un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Por su amplio historial delictivo la fiscalía de Chihuahua ofreció 5 millones de pesos de recompensa para quien proporcionara información sobre el jefe local de Gente Nueva. Ni la millonaria cifra resultó suficiente para que José Noriel Portillo Gil enfrentara las consecuencias de sus actos en prisión.

Los meses transcurrieron y mientras familiares de El Chueco comenzaron a ser aprehendidos, de él no se tenía rastro. Aquella desfavorable situación propició que el caso llegara hasta instancias federales.

"Se está haciendo una investigación, hay ya elementos de la Sedena que actúan de inmediato, hay una búsqueda. Ya se tiene identificado al responsable, al homicida y vamos a seguir con las investigaciones", mencionó durante una de sus tradicionales conferencias matutinas el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue en otro de los encuentros del mandatario tabasqueño con la prensa que, en marzo de 2023, se informó que en el poblado de Choix, Sinaloa se localizó el cuerpo de un hombre cuyas características físicas coincidían con las de José Noriel Portillo Gil.

Tras realizarse las diligencias de identificación, el propio presidente de México confirmó que se trataba de El Chueco, cuyo cadáver permaneció abandonado alrededor de 24 horas sobre un camino entre las aldeas de El Chimal y Picachos.

La impunidad y su protagonismo

Un orificio en la cabeza por arma de fuego terminó con la vida del principal sospechoso del violento asesinato de Joaquín Mora Salazar, Javier Campos Morales y Pedro Palma en Urique.

No obstante y tras dos años del crimen, órdenes religiosas y organizaciones civiles sostienen que la muerte de El Chueco no necesariamente se traduce en justicia para las víctimas.

"Su aparición sin vida de ninguna manera puede considerarse como un triunfo de la justicia ni como una solución al problema estructural de violencia en la Sierra Tarahumara. Por el contrario, la ausencia de un proceso legal conforme a derecho con relación a los homicidios implicaría un fracaso del Estado mexicano frente a sus deberes básicos y confirmaría que la región las autoridades no detentan el control territorial", expuso la Compañía de Jesús tras el hallazgo del cuerpo de El Chueco.

Pese a la exigencia de la comunidad jesuita, en un país como México con el sistema penal colapsado, la muerte de un líder criminal tan mediático como llegó a serlo José Noriel Portillo Gil figuró como la oportunidad perfecta para cerrar un caso que navega entre la impunidad pero que también resiste en la memoria.

ATJ