Pasaban de las 11 de la noche del 30 de enero de 2010 cuando un comando de cuatro vehículos con al menos de 20 sicarios irrumpieron en tres domicilios de la colonia Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, Chihuahua. En una de las casas, un grupo de estudiantes de bachillerato bailaban música electrónica, estaban festejando el cumpleaños número 16 de uno de los jóvenes, cuando comenzaron a rafaguearlos en el interior del departamento. Hubo 15 muertos.
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La masacre de Villas de Salvárcar fue ordenada por José Antonio Acosta, El Diego, aparentemente por un error en la información que le hicieron llegar, pues quería eliminar a sus rivales, jóvenes pertenecientes a una pandilla llamada Artistas Asesinos.
“A mí me informaron que había ahí unos Doblados pertenecientes al cártel de Sinaloa, entonces yo mandé a los muchachos”, se le escucha decir en el interrogatorio que le hizo la Policía Federal.
—¿Y usted siente algo?
—Pues sí, cuando es gente inocente se siente uno mal —respondió sin mostrar mucha empatía en su rostro.
“Para mí no ha habido justicia porque no han detenido a los que tienen que detener”, dice cabizbaja Luz María Dávila, madre de los hermanos Marcos y José Luis Piña, de 16 y 19 años, asesinados en Villas de Salvárcar y quien es recordada por haber increpado a Felipe Calderón luego de haber justificado la masacre criminalizando a los estudiantes. “Si los mataron es porque en algo andaban”, dijo el ex presidente, mientras estaba de gira en Japón.
“Yo sé que si agarran a todos los responsables quizá al momento me va a dar gusto verlos ahí, pero tristeza a la vez porque eso no me va a reponer a mis hijos”.
Y no hay más detenidos porque “la investigación se detuvo”, a decir del abogado, defensor de derechos humanos y diputado Gustavo de la Rosa.
“Investigaron fuerte la primera semana y muy rápido se dieron cuenta de que había sido un homicidio ordenado por La Línea y tuvieron elementos para entender que había sido ordenado por El Diego, equivalente en aquel tiempo al Chapo Guzmán. El expediente no avanzó, no investigaron más, no detuvieron a nadie más, ni siquiera para declaraciones”.
Tampoco la Comisión estatal de Derechos Humanos quiso indagar, se declaró incompetente.
Entonces De la Rosa trabajaba como visitador de la comisión. “Me plantearon abiertamente: no tome el caso, no abra la queja, no se la vamos a registrar. Tomé el caso, abrí la queja, no me la registraron y 15 días después me despidieron”.
Uno de los sobrevivientes, que pide omitir su nombre, asegura que la Fiscalía General de Chihuahua perdió una vez el expediente en la administración de César Duarte y otra al iniciar el mandato de Javier Corral.
“Mi prueba balística, mis balas que me sacaron, todo se perdió”, dice molesto el joven que en aquella fiesta recibió 12 disparos en las piernas.
Las irregularidades provocaron que el 6 de noviembre de 2013 la Suprema Corte otorgara un amparo a Israel Alzate, uno de los presuntos responsables, porque las autoridades obtuvieron su confesión bajo tortura. Hoy está libre…
“Cuando lo liberan fue un miedo que en verdad, no podíamos dormir, cambiamos cerraduras, aumentamos la seguridad, modificamos los métodos de traslado para la casa y la escuela, estábamos alerta”, dice el sobreviviente que hoy tiene 26 años.
CLAVES
SENTENCIAS
El 11 de julio de 2011 se dictó sentencia contra Juan Alfredo Soto Arias, Heriberto Martínez, Aldo Favio Hernández Lozano y José Dolores Arroyo Cavaría. Fueron condenados a pasar 240 años de prisión, pero según testigos en el ataque participaron unas 20 personas.