La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) invocó el “interés nacional”, como estrategia legal para que un juez federal deje sin efecto las suspensiones que fueron concedidas al colectivo #NoMásDerroches y que mantienen frenada la construcción del aeropuerto internacional en Santa Lucía, en el Estado de México.
- Te recomendamos TEPJF desecha queja contra consulta de AMLO que derivó en cancelación del NAIM Política
La maniobra del Ejército fue criticada y cuestionada por el colectivo, porque señaló que “la solicitud de revocación es la crónica de una maniobra anunciada”.
Lo anterior luego de que el 23 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró "acudir a la facultad que tiene el Estado para poner a salvo el interés nacional” y el 29 de agosto que dijo que “estamos ya tramitando que se resuelva en definitiva lo de los amparos para tener a tiempo el nuevo aeropuerto".
El colectivo indicó que el aeropuerto militar en Santa Lucía existe desde hace casi 70 años y se encuentra en operación y funcionamiento con toda regularidad.
- Te recomendamos Morena en el Senado rechaza "parlamento abierto" del PAN sobre NAIM y Santa Lucía Política
Lo único que suspendió el Poder Judicial, apuntó, fue la construcción del aeropuerto hasta que se resuelva en definitiva el juicio.
“Esta suspensión no afecta ni la seguridad nacional, ni el interés social, ni el orden público. En todo caso, el proyecto de construcción no es todavía un bien y no puede ser declarado instalación estratégica. Más aún, si algún efecto tiene la suspensión de la construcción del aeropuesrto es precisamente proteger el orden público, el interés social, las finanzas públicas y el medio ambiente”, añadió.
Advirtió que de revocarse dicha suspensión, se lesionaría gravemente el derecho a un medio ambiente sano, la integridad y estabilidad de las personas que viven en las zonas aledañas a Santa Lucía, la vida y seguridad de los usuarios de las instalaciones aeroportuarias y cientos de miles de millones de pesos del erario.
Asimismo, generaría un precedente preocupante y sumamente negativo para la protección de los derechos fundamentales en México abriendo la puerta para que en futuras ocasiones se apele a la “seguridad nacional” y el orden público con el fin de anular el derecho al amparo que tenemos los ciudadanos.