La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a un litigio a través del cual el empresario Rafael Zaga Tawil pretendía cobrar mil 100 millones de pesos al Banco Actinver por considerar que había incumplido con su deber de obrar como un buen “padre de familia”, debido al uso de recursos de un fideicomiso.
El hombre de negocios actualmente permanece detenido en Estados Unidos y está bajo custodia del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En México ha sido señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de estar presuntamente relacionado con un fraude al Infonavit por más de cinco mil millones de pesos.
Hoy, el ministro Irving Espinosa Betanzo presentó un proyecto en el que propuso amparar a la institución crediticia contra la sentencia de un juez de lo civil que la había condenado a pagar mil millones de pesos por daños y perjuicios y 100 millones de pesos por daños punitivos.
Sólo el ministro Giovanni Figueroa Mejía votó en contra y dijo que dar la protección a Actinver pondría en riesgo a los usuarios de los servicios financieros, por el precedente que se estaba generando.
Pero ocho ministros no compartieron su punto de vista, entre ellos, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien pidió al ministro ponente dejar claro en la sentencia que no estaba generando un precedente en este tipo de asuntos.
El caso
Espinosa Betanzo explicó que, en 2017, el empresario constituyó con una institución fiduciaria un fideicomiso de administración y aportó mil millones de pesos. En este fideicomiso número uno, esta persona física se reservó el papel de administrador, de modo que era ella quien instruía las inversiones, designaba a quien se otorgaban poderes y decidía cómo se cumplían los fines.
La institución fiduciaria era la titular de los bienes y la obligada a protegerlos, pero actuaba según las instrucciones de la propia persona física.
“Por otro lado, existe un segundo fideicomiso, constituido con otra institución fiduciaria. La fiduciaria del fideicomiso uno aportó mil millones al fideicomiso dos, y esos mil millones de pesos regresaron completos al fideicomiso uno en marzo de 2018.
“El mismo día en que regresaron una persona moral diversa, en la que la quejosa en vía decisiva tiene participación accionaria, depositó otros mil millones de pesos en el fideicomiso dos y pocos días después, esa cantidad salió hacia una cuenta distinta. Es el segundo monto, entró y salió del fideicomiso dos, sin tocar nunca el patrimonio del fideicomiso uno”.
Bloqueo de la UIF
El togado señaló que la controversia giró alrededor de la última cantidad de dinero, porque 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó a Zaga Tawil en su lista de personas que se presume operan con recursos de procedencia ilícita y ordenó a la institución fiduciaria suspender cualquier acto, operación o servicio con ella e incluso impedir la disposición de recursos en los que apareciera como fideicomitente o representante.
“En cumplimiento de esa orden, la institución fiduciaria quejosa revocó los poderes de administración que le había conferido y dejó vigente solo el poder para pleitos y cobranzas. Más adelante, la fiduciaria del fideicomiso dos le comunicó que la persona física tenía una orden de aprehensión por lavado de dinero en la que se señalaba a esa misma persona moral como uno de los vehículos del delito”.
“Además le comunicó que la persona física, valiéndose del poder de pleitos y cobranzas que aún conservaba, había demandado en la vía mercantil a la fiduciaria del fideicomiso dos para que devolviera los mil millones de pesos de la persona moral, afirmando que ese dinero pertenecía al fideicomiso uno”, manifestó.
Ante esto, la institución fiduciaria le pidió rendición de cuentas al empresario sobre el aparente mal uso de dicho poder.
Después, la institución fiduciaria acudió ante el juez de lo civil y solicitó medidas cautelares para suspender el poder de pleitos y cobranzas, y el juez la concedió sujetas a una garantía de mil millones de pesos.
“Con esos antecedentes, la persona física demandó a la institución fiduciaria al considerar que había incumplido con su deber de obrar como un buen padre de familia, tal como lo dice la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Además, afirmó que abusó de su derecho al solicitar las medidas cautelares y que con eso frustró su derecho de cobro”.
Espinosa Betanzo señaló que la institución fiduciaria no podía cumplir un deber de cuidado sobre un dinero que no formaba parte del fideicomiso que custodiaba.
“Nunca existió daño al fideicomiso uno, porque ese dinero nunca estuvo dentro de él”, comentó.
Riesgo
Al respecto, Giovanni Figueroa se opuso a la propuesta.
“… no comparto el sentido de la propuesta de sentencia porque me parece un precedente que pone en riesgo a todos los usuarios de los servicios financieros y deja a la a las instituciones fiduciarias con la posibilidad de un proceder indebido en contra de los intereses patrimoniales que les han sido confiados mediante fideicomiso. No se trata de quienes son parte en este asunto, se trata de la seguridad jurídica y económica de quienes invierten y administran sus patrimonios por medio de la figura jurídica del fideicomiso”, expresó.
No actuó unilateralmente
A su vez, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, puntualizó que, con el conjunto de antecedentes, se da cuenta de que la institución bancaria no tomó una decisión de motu proprio, sino que cumplió un mandato de la UIF.
“Y creo que todo lo que siguió deriva en gran medida de esta de esta decisión. Yo también advierto que no está acreditada la intención de dañar o la falta de utilidad de las acciones que desarrolló la institución”, abundó.
ROA