La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el mecanismo creado para que partidos políticos y candidaturas independientes puedan solicitar, de manera voluntaria y confidencial, una evaluación de riesgo sobre personas que pretendan contender por cargos de elección popular y que pudieran estar vinculadas con actividades delictivas.
El asunto derivó porque el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, promovió una acción de inconstitucionalidad en la que impugnó el decreto publicado el 2 de junio de 2026 que reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
El tricolor argumentó que este sistema podía afectar el derecho a ser votado, la presunción de inocencia, la protección de datos personales, la seguridad jurídica y la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), debido a que permite realizar análisis de riesgo sobre personas aspirantes a candidaturas con información relacionada con posibles actividades delictivas.
La propuesta
La ministra Loretta Ortiz Ahlf presentó un proyecto y dijo que la reforma no establece un nuevo requisito de elegibilidad ni una condición adicional para obtener el registro como candidato, debido a que la evaluación se realiza antes del registro, requiere el consentimiento de la persona aspirante y no obliga a los partidos políticos ni a las autoridades electorales a actuar conforme al resultado.
La togada puntualizó que las normas buscan proporcionar a los partidos políticos y candidaturas independientes mayores elementos de información para decidir a quién postular.
La reforma creó la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE, encargada de poner en marcha el mecanismo para recibir los nombres de las personas que voluntariamente quieran someterse a la evaluación y solicitar a las autoridades competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera que realicen las investigaciones correspondientes.
Piden establecer límites, sólo delincuencia organizada
El ministro Giovanni Figueroa Mejía coincidió en términos generales con la validez del sistema, pero planteó establecer límites más estrictos.
Advirtió que una acusación de que una persona representa un “riesgo razonable” por su probable participación en actividades delictivas no puede quedar al arbitrio de las autoridades de seguridad e inteligencia.
“Este Alto Tribunal necesita ofrecer una interpretación conforme de lo que puede considerarse, como abro comillas, riesgo razonable, cierro comillas, que establezca límites a lo que pueda decirse por las agencias de inteligencia y seguridad del Estado mexicano a la hora de hacer la grave o seria acusación de que una persona probablemente se encuentra involucrada en actividades delictivas,con mayor razón, si consideramos que esa acusación busca influir en la decisión de los partidos políticos de registrar a una persona como candidata o negar su registro, lo que desde mi punto de vista de manera indudable lesiona su derecho a ser votado”, comentó.
Por su parte, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, coincidió con el ministro Giovanni, en el sentido de establecer límites para que únicamente se investiguen casos de delincuencia organizada.
“En mi perspectiva, una actividad delictiva, pues abre a todas las actividades delictivas que existen en nuestro sistema, desde un delito pequeño hasta delincuencia organizada, y según yo advierto, el sistema se crea fundamentalmente para establecer un mecanismo que permita inhibir impedir la participación de la delincuencia organizada en los procesos electorales. Entonces, si se abre demasiado se me hace que va a ser un esfuerzo enorme por buscar todo tipo de información…”, expresó.
Es para todos los delitos
Loretta Ortiz rechazó la propuesta y sostuvo que la finalidad de la reforma no debe limitarse exclusivamente a la delincuencia organizada.
“Esto no es nada más para restringir o limitarlo a los delitos de la delincuencia organizada, sino es a todo tipo de delitos, o sea, no hay una restricción, puede ser robo, puede ser corrupción, es precisamente por eso se le da la participación a las distintas autoridades, no solamente federales, también estatales, que son las fiscalías, este financieras, la Secretaría de Seguridad Federal…es decir, en esto, aunque todavía no son candidatos y un procedimiento es proteger a todos, es decir, no es nada más contra que cometan delitos de la delincuencia organizada…puedo poner ejemplos como violaciones, simple robo, la corrupción…”
Hoy todos se acusan
La ministra María Estela Ríos González indicó que una acusación no implica que una persona esté realmente involucrada en un delito.
“Pensemos la situación que vivimos hoy con tantas acusaciones que hay. No se trata de acusaciones formales, sino de los riesgos que pueda haber y que queda a voluntad de la persona y del partido decidir si toma ese riesgo o no, porque sí puede, puede considerar que es un riesgo razonable o puede considerar que no porque queda voluntad de la persona y del partido decidir si toma ese riesgo o no…”, declaró.
La labor de la comisión
La reforma incorporó al INE una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, integrada por tres consejeros electorales.
La Comisión recibirá, de manera voluntaria, las listas de personas que los partidos o candidaturas independientes pretendan postular y las remitirá a autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero para determinar si existe un “riesgo razonable” relacionado con posibles actividades delictivas.
Entre las instituciones que podrán intervenir se encuentran la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El mecanismo deberá estar funcionando antes del proceso electoral de 2027.
ROA