La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual solicitó que se diera una resolución pronta a todos los medios de impugnación presentados contra la reforma judicial.
En sesión privada, el Pleno del máximo tribunal de justicia del país rechazó la petición de la autoridad electoral, que tenía como fin dar certeza al proceso electoral de jueces, magistrados y ministros que fue puesto en marcha y que culminará el primero de junio de 2025.
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¿Qué propuso Lenia Batres?
A su vez, la ministra Lenia Batres Guadarrama propuso que se solicitara al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que expida un acuerdo exhortando a juzgados y tribunales que tengan procesos abiertos contra la reforma judicial para que los declaren sobreseídos y desechados.
Esto con base en el principio de supremacía constitucional, reafirmado recientemente en el decreto del 31 de octubre, en el que se reiteró que cualquier reforma constitucional es inimpugnable.
La ministra mencionó que la SCJN sí cuenta con atribuciones para solicitar al CJF la expedición de los acuerdos generales necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, así como de su intervención para el adecuado funcionamiento entre los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF), conforme al artículo 11, fracciones XIX y XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF).
Agregó que el decreto del 31 de octubre advierte en uno de sus artículos transitorios que: “los asuntos que se encuentre en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto”.
Por tanto, añadió que es un hecho notorio que tiene efectos inmediatos y que es aplicable a todos los procesos pendientes de resolución al momento de su entrada en vigor.
¿Qué pasará con los juicios sobre el proceso electoral?
Con esta propuesta, todos los juicios contra la reforma electoral se habrían declarado sin materia, para poder continuar con los preparativos para la elección judicial sin multas o sanciones aún más graves, como la denuncia que un juez federal presentó en la Fiscalía General de la República (FGR) contra los 11 consejeros electorales, quienes enfrentan dos multas cada una por más de 54 mil 285 pesos.
“Procede que el CJF emita un acuerdo en ese sentido, con el propósito de que las personas juzgadoras dejen de generar una expectativa de una resolución que, en todo caso, sería inconstitucional. Incluso, cabe que en dicho acuerdo se aperciba a las personas juzgadoras con las medidas que resulten procedentes, de acuerdo con la responsabilidad administrativa en la que incurrirían”, manifestó la togada.
Sin embargo, tanto la solicitud del INE como la propuesta de la ministra Batres fueron rechazadas por el pleno de la SCJN.
RM