M+.- Poco antes de que Ismael El Mayo Zambada fuera llevado presuntamente contra su voluntad a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López —hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y hermano de Ovidio—, ya existían señales de que algo no andaba bien dentro del Cártel de Sinaloa.
La crisis no comenzó con aquel episodio que detonó el terremoto criminal que hoy mantiene a Sinaloa atrapado en una guerra interna que supera los 600 días. Antes hubo un hecho extraordinario, inquietante y sin precedentes recientes: la privación masiva de la libertad de decenas de personas en Culiacán.
El episodio clave fue la privación masiva de la libertad del 22 de marzo de 2024 en Culiacán, cuando familias completas —incluidos menores— fueron sacadas de sus domicilios en comunidades como La Noria, Imala y sectores vinculados a Sanalona. La cifra oficial terminó escalando a 66 personas reportadas como ausentes o privadas de la libertad.
La versión oficial avanzó lentamente. Primero fueron reportes aislados. Después, cifras parciales. Más tarde, el reconocimiento de una crisis mucho mayor.
Mientras la información oficial se administraba con cautela, versiones extraoficiales hablaban de más de un centenar de personas retenidas o privadas de la libertad, presuntamente vinculadas —de forma directa o indirecta— con el robo de una fuerte suma de dinero perteneciente a un grupo criminal.
Nunca hubo una confirmación oficial de esa hipótesis, pero en el terreno, entre operadores de seguridad, periodistas y fuentes cercanas al caso, esa explicación comenzó a repetirse con insistencia.
Lo que sí fue oficial es que familias enteras desaparecieron por días. Mujeres. Hombres. Niños.
Se trata de un hecho que sacudió a Culiacán no solo por su dimensión, sino porque evidenciaba que alguien tenía la capacidad operativa suficiente para irrumpir simultáneamente en múltiples puntos, sacar personas de sus hogares y desaparecerlas temporalmente sin resistencia visible del Estado.
Gerardo Mérida, el rostro de la crisis
En ese momento, Gerardo Mérida Sánchez era secretario de Seguridad Pública de Sinaloa; general en retiro, perfil operativo y discurso institucional. Fue él quien terminó convirtiéndose en la cara visible de aquella crisis.
Mientras el gobierno estatal intentaba entender la magnitud de lo ocurrido, Mérida asumió el papel de vocero técnico y operativo.
Primero confirmó reportes, luego administró cifras, después defendió la narrativa institucional. El problema fue que esa narrativa cambió conforme avanzaban las horas.
Inicialmente, se habló de alrededor de 30 personas privadas de la libertad, después el número escaló. Más tarde se reconoció que la cifra rondaba las 60.
Mientras tanto, las versiones extraoficiales insistían en números mucho mayores. Ese desfase alimentó dudas. Luego, entre miedo y la cautela, comenzaron a hablar familiares de desaparecidos. La Fiscalía guardaba silencio.
MILENIO documentó en aquel entonces la ruta de las desapariciones y constató que no había registros, ninguna cámara en la zona donde fueron los levantones funcionaba, habían sido atacadas, inhabilitadas y sacadas de operación.
Una señal previa a la crisis
Con el paso del tiempo, aquel episodio ha sido referido como uno de los hechos que anticiparon un contexto de tensión dentro del Cártel de Sinaloa.
Semanas y meses después, la situación de violencia en Sinaloa escaló con mayor intensidad tras la captura y traslado de El Mayo Zambada a Estados Unidos, hecho que derivó en una confrontación más visible entre grupos criminales antagónicos.
Aunque no existe una relación oficial que vincule ambos acontecimientos de manera directa, el episodio previo quedó como parte del contexto de una etapa marcada por el deterioro en las condiciones de seguridad en la entidad.
Mérida Sánchez y los señalamientos en EU
Actualmente, el nombre de Gerardo Mérida Sánchez vuelve a figurar en el ámbito público, luego de que se entregara a las autoridades de Estados Unidos en el marco del proceso judicial abierto en el Distrito Sur de Nueva York.
En ese expediente, autoridades estadunidenses señalan a funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con estructuras del crimen organizado. Entre los nombres mencionados se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
rdr