Un juez federal ordenó la aprehensión de 22 personas por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, por el desfalco multimillonario al patrimonio de Seguridad Alimentaria.
Desde el año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) busca llevar a prisión por dichos delitos a René Gavira Segrestre, ex director de Administración y Finanzas de Segalmex, y al resto de las personas, pero dos jueces rechazaron librar órdenes de aprehensión.
Ahora, el mandamiento judicial fue otorgado por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, pero la FGR omitió los nombres de los imputados.
La FGR informó que, de las 22 personas, 12 fueron servidores públicos de Segalmex; cuatro pertenecen a las empresas con las que presuntamente se coludieron; y seis fueron los beneficiaros de los recursos de Seguridad Alimentaria Mexicana que fueron desviados.
“Todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados, celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal”, detalló la dependencia.
Este caso corresponde a la sexta judicialización que la FGR ha realizado en cuatro carpetas de investigación, en torno a desfalcos contra Segalmex.
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La representación social aseguró que existen más carpetas que serán judicializadas próximamente, respecto a otros casos multimillonarios de peculado, contra dicha institución del Estado Mexicano.
Es de mencionar que, el año pasado, Marco Antonio Tapia Fuerte, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, negó la orden de captura solicitada por Karen Guadalupe Guerrero González, agente del Ministerio Público Federal adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Por su parte, Álvaro Niño Cruz, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, también negó ordenar la aprehensión contra los ex servidores públicos por la supuesta contratación de la empresa Servicios Integrales Carregin, para la adquisición de miles toneladas de azúcar.
El juez Fuerte Tapia indicó que, en la solicitud presentada se advertía que no existía un análisis adecuado para justificar la probable participación de los justiciables en la comisión del delito de delincuencia organizada. René Gavira Segrestre actualmente enfrenta procesos en libertad, bajo medidas cautelares.
Entre las personas que se presume comenzaron a ser buscadas por la FGR son el ex director comercial de Liconsa, Manuel Lozano Jiménez, Hugo Armando Rosas Medina, ex subgerente de la Unidad Operativa Querétaro; Carlos Antonio Dávila Amerena, ex director de Asuntos Jurídicos; José Rafael Domínguez Ortiz, ex subdirector de Tesorería General; Juan Bautista Rojas Fontes, ex gerente de Control Presupuestal y José Elías Ávila Peña, ex jefe del Almacén Rural de La Luisiada, Guanajuato, por citar algunos.
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