El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, y el coordinador estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, prácticamente se deslindaron del operativo implementado en la primera megamarcha por el agua en Casa Jalisco, ocurrida el pasado 11 de octubre.
La jornada concluyó con 39 personas detenidas y el reconocimiento público de "uso excesivo de violencia" por parte de elementos estatales en un mensaje emitido por el gobernador Pablo Lemus.
Tres mandos entre los 17 elementos sometidos a investigación
Sin embargo, ambos funcionarios se negaron a revelar la identidad de quienes son investigados por ordenar el uso de chorros de agua y gas lacrimógeno contra la multitud, al argumentar que la información podría comprometer el curso de las indagatorias.
Al ser cuestionado sobre quién habría dado la orden directa, el secretario de Seguridad rechazó responsabilidad personal.
"Yo no fui. Yo estaba supervisando parte de las actuaciones de los policías, lo que era del costado de Montreal. Y bueno, ya hay bastante evidencia de lo que estuvo sucediendo al costado de Rubén Darío. Lo que puedo decirle es que ya tenemos varias declaraciones de los policías, varias declaraciones de los mandos", argumentó Hernández.
Tres mandos entre los 17 elementos sometidos a investigaciónLos funcionarios se limitaron a confirmar que dentro del grupo de 17 policías que son investigados formalmente se encuentran tres mandos: dos de nivel medio y uno de mayor jerarquía.
Hernández sostuvo que la reserva de nombres responde a criterios legales para asegurar que existan sanciones efectivas.
"No me gustaría en este momento dar información que a lo mejor pudiera de alguna manera complicar la investigación y que eso orillara a que no sucediera nada de la sanción; la intención es sancionar en función a la medida de sus responsabilidades", precisó el titular de la Secretaría de Seguridad.
Por su parte, el coordinador Roberto Alarcón ratificó la postura de mantener bajo reserva las identidades de quienes giraron las instrucciones operativas durante la manifestación.
"Por protección de quien haya ordenado eso, los nombres no pueden informarse a los medios de comunicación y quedarán asentados en las carpetas de investigación; esa es una información que por protección de quien haya ordenado eso no se puede informar a los medios de comunicación, será parte integrante de la carpeta de investigación que se hayan iniciado ante las autoridades competentes, ahí seguramente será informada puntualmente sobre esa pregunta que se ha venido haciendo", afirmó Alarcón.
Uno de los aspectos centrales de la investigación interna es el uso de chorros de agua a presión para dispersar a los contingentes.
El titular de la Secretaría de Seguridad advirtió que los efectivos que utilizaron estos equipos podrían ser acreedores a sanciones, debido a que las herramientas empleadas no formaban parte del equipamiento proporcionado ni certificado para su uso institucional por parte de los elementos.
En tanto, el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, indicó que las indagatorias relacionadas con las personas aprehendidas se integraron con informes policiales y dictámenes médicos.
Cuestionado sobre los señalamientos de posibles actos de tortura y discrepancias entre reportes médicos e inspecciones físicas, el fiscal señaló que los hechos deben verificarse y que hasta el momento no podía confirmar la comisión de tortura.
Asimismo, rechazó que la dependencia a su cargo hubiera enviado personal al operativo, aunque no descartó la presencia de agentes por cuenta propia.
Respecto a las condiciones de custodia, las autoridades precisaron que las personas arrestadas fueron concentradas en una habitación del nuevo C5.
Hernández explicó que la cantidad de aprehendidos dificultaba su movilización, agregando que el único acceso viable para el ingreso y salida de vehículos correspondía a la zona de Eulogio Parra, motivo por el cual las mujeres detenidas fueron ubicadas de un lado de la habitación y los hombres del otro.
El funcionario aseguró que durante el resguardo estuvieron presentes integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), quienes registraron las entradas y verificaron las condiciones de estancia, sumándose a personal de servicios médicos y de Protección Civil y Bomberos.
Finalmente, las autoridades concluyeron que la investigación interna se resolverá por etapas.
Los expedientes que acrediten evidencia suficiente de extralimitación o uso excesivo de la fuerza serán turnados a la Comisión de Honor y Justicia para determinar las sanciones definitivas correspondientes.
CH