El ex titular de la Subprocuraduría en Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Seido), Alonso Israel Lira Salas, impugnó la decisión de una juez federal que rechazó dar entrada a su demanda de amparo donde solicitó la protección contra cualquier orden de aprehensión que pueda existir en su contra.
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El recurso de queja fue presentado por su apoderada legal contra la decisión emitida el pasado 16 de julio por la juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, María Catalina de la Rosa Ortega, quien turnó a un Tribunal Colegiado la impugnación.
El motivo por el cual se dio por no presentada la demanda de garantías, se debe a que la firma del ex funcionario al parecer no es la misma que aparece en su escrito inicial.
“Es cierto el acto reclamado, pues mediante auto de 16 de julio de 2019, ante la discrepancia de la firma que existe en el escrito inicial de demanda y la estampada en el escrito de desahogo recibido en esa fecha, se requirió al quejoso, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de ese acuerdo, compareciera al local de este juzgado a ratificar el contenido y firma del ocurso; asimismo, se le apercibió que de no hacerlo en el término concedido, se tendría por no presentado”, señaló la juez.
Lira Salas trabajó en la administración de Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la entonces Procuraduría General de la República.
En mayo de este año, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la existencia de uso parcial de recursos públicos por parte de la PGR, al difundir un video en el contexto del proceso electoral federal 2017-2018, en que aparecía Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición “Por México al frente”.
La Sala Superior ratificó el fallo de la Sala Especializada que determinó la infracción relativa al uso parcial de recursos públicos que podría afectar la equidad en la contienda electoral, únicamente respecto del ex titular de la Seido, Alonso Israel Lira y del ex director general de Comunicación Social de la PGR, Rafael Lugo.
El caso está relacionado con dos comunicados y el video difundido el 28 de febrero de 2018 por la PGR, en las cuentas oficiales de la dependencia.
En los comunicados y el video se da cuenta de la presencia el 25 de febrero de Ricardo Anaya en instalaciones de la Seido con el fin de presentar un escrito para que se le informara si era investigado por algún delito.
La Sala Superior ratificó remitir copia certificada de la resolución al Órgano Interno de Control de la dependencia, para que determine lo conducente, y dio vista al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que en el ámbito de su competencia llevara a cabo las acciones que estime pertinentes.
irh