El sindicato denominado “Bicentenario”, aparentemente operado por la organización delictiva La Familia Michoacana, ya no opera al menos en territorio mexiquense, tras una serie de detención de sus integrantes y aseguramientos de predios utilizados para sus actividades basadas en la extorsión en al menos seis municipios entre la zona norte y el Valle de Toluca.
Sin embargo, hay cinco personas que están prófugas de la justicia, debido a que tienen órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar al estar relacionados con dicho agrupamiento, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Tras un análisis de inteligencia, la Fiscalía mexiquense compartió con MILENIO Estado de México parte de los resultados respecto a las investigaciones y acciones realizadas en contra de esta organización que aparentaba ser un sindicato, pero que en realidad su función era extorsionar a empresarios del gremio de la construcción.
En ese sentido, la institución precisó que por ahora no hay rastro de que el sindicato continúe sus operaciones en territorio estatal. “Como resultado de las diversas acciones operativas y situación jurídica de sus principales integrantes, actualmente no tenemos información de que sigan operando, es decir fue desarticulado en su actividad criminal”, detalló la FGJEM.
Sin embargo, aunque no se tiene rastro de que el “Sindicato Bicentenario” siga operando en el Estado de México, la Fiscalía puntualizó que por esta organización había ocho personas presuntamente implicadas en ella que fueron clasificados como objetivos prioritarios, de los cuales tres ya fueron detenidos y enfrentan diferentes proceso, mientras que el resto siguen prófugos al tener mandamientos judiciales por cumplimentar.
¿Cómo operaba el Sindicato Bicentenario?
De acuerdo con un documento compartido a este medio, el Sindicato Bicentenario era una organización vinculada con el grupo delictivo con orígenes en Michoacán, con el cual aparentemente obligaban a empresarios del ramo de la construcción a pagar cuotas por “derecho de piso” para dejarlos realizar sus actividades y no causarles de año.
“Presuntamente obligaban a sus víctimas a pagar un porcentaje de sus contrataciones, adquirir los materiales de construcción -grava, arena, piedra base-, con proveedores específicos”, dijo.
Además, “compelían (obligar) a los transportistas y empresarios del ramo de la construcción a agremiarse con ellos, a base de intimidaciones para que entregaran cuotas. Reunían a los líderes de los gremios o de otros sindicatos, en determinados lugares para exigirles las cuotas, acompañándose de sujetos armados, en caso de negativa los coaccionaban privándolos de la libertad o amenazaban con causarles daño o la muerte”, indican en el documento.
Si bien no hay fecha precisa del inicio de operaciones de este sindicato, se tiene conocimiento de que operó en al menos seis demarcaciones entre la zona norte y el Valle de Toluca, cuyos municipios son:
- Toluca
- Zinacantepec
- Atlacomulco
- Jocotitlán
- Ixtlahuaca
- Almoloya de Juárez.
Acciones contra la organización
Las autoridades consideran que los golpes contundentes contra esta organización ocurrieron entre mayo y junio de 2023, ya que en ese periodo la FGJEM en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través de la Guardia Nacional (GN), comisiones nacionales Antihomicidios y Antisecuestros, así como la Secretaría de Seguridad estatal, realizaron diligencias y mermaron la estructura delictiva.
Bajo ese contexto, además de la captura de tres presunto implicados y como objetivos prioritarios, las autoridades catearon y aseguraron diversos inmuebles que eran parte de las operaciones del sindicato en Toluca y Metepec.
Principalmente, en éste último, que en la colonia residencial Portofino Royal Country Club tenían una casa que utilizaban como su centro de operaciones y en ese lugar las autoridades hallaron envoltorios con marihuana, documentación como facturas, notas y carpetas propias del sindicato “Bicentenario”, un arma de fuego con cargador y cartuchos útiles, numerario en moneda extranjera y 3.9 millones de pesos mexicanos, así como cuatro vehículos de lujo.
Entre otras acciones destaca el aseguramiento de una mina denominada la “Estrella”, en el municipio de San Felipe del Progreso, y de armas de fuego, drogas y el rescate de una persona privada de su libertad. Si bien no hay información de que siga operando este sindicato, la Fiscalía continúa las investigaciones para ubicar y detener a las cinco personas que siguen prófugas de la justicia y que tendrían un papel relevante en dicha organización.
PNMO