Sobrevivientes de tortura y detenciones arbitrarias, cometidas por agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de la Policía Federal durante el gobierno de Felipe Calderón, exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que presente conclusiones de inculpabilidad en los procesos penales que continúan abiertos contra algunas de las personas detenidas por esas corporaciones.
Los hechos habrían ocurrido con Genaro García Luna como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP).
¿Qué denuncian las víctimas de tortura?
En un pronunciamiento público, las víctimas y sus familias, así como el Centro de Acompañamiento y Representación Integral en Derechos Humanos y la Red Nacional de Peritos/as y Expertos/as Independientes Contra la Tortura, solicitaron que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) considere presentar conclusiones de inculpabilidad.
Es decir, un documento final que presenta la defensa legal en el que piden declarar inocencia, en los casos de quienes todavía enfrentan procesos por acusaciones que, de acuerdo con los firmantes, fueron sostenidas mediante declaraciones obtenidas bajo tortura, detenciones arbitrarias y pruebas fabricadas por agentes federales.
Casos de tortura durante el sexenio de Calderón
Entre los casos expuestos, señalaron, se encuentra el de Mario Vallarta Cisneros y Sergio Cortez Vallarta, detenidos en 2012 junto con otras dos personas.
Los sobrevivientes señalaron que fueron víctimas de tortura y detención arbitraria, además de que se elaboró un parte policial falso para involucrarlos en una investigación penal. Ambos continúan privados de la libertad en el penal del Altiplano, bajo proceso y sin sentencia.
Indicaron que también está el de Abel Silva Petriciolet, detenido el 22 de septiembre de 2009 a partir de declaraciones de Noé Robles Hernández, quien habría sido torturado. Según el pronunciamiento, sufrió tortura física y psicológica y fue obligado a autoincriminarse.
Aseguraron que Luis Cárdenas Palomino, colaborador de la SSP en tareas de seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, presentó a Petriciolet ante medios de comunicación como líder de una organización de secuestradores.
Fue procesado en cinco causas penales: ya fue absuelto en una y espera sentencia en las otras cuatro, mientras permanece en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social n.º 1 (Cefereso 1), conocido como El Altiplano.
Otro caso es el de Diego Romero Carral, quien fue detenido en febrero de 2012 en Ecatepec junto con otros cinco jóvenes, quienes, de acuerdo con los firmantes, fueron torturados para obligarlos a inculparse. Los seis llevan 14 años en prisión preventiva, sin sentencia de primera instancia.
Acusan violación de derechos humanos: ¿de qué acusan a Calderón?
El pronunciamiento público de los sobrevivientes refiere una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitida en 2021, la cual precisa que existen videos y testimonios que desmienten las circunstancias de detención reportadas por la Policía Federal.
Agregaron que Taylín Clotet Wang, detenida en febrero de 2014, fue procesada y sentenciada con declaraciones obtenidas bajo tortura y un parte informativo falso; actualmente espera una resolución de amparo directo.
Asimismo, apuntaron que Griselda Pérez Jiménez, mujer mixteca detenida en julio de 2015 en Tabasco, fue condenada el 4 de marzo de 2026 a 84 años de prisión, en un proceso que se basó en declaraciones obtenidas mediante tortura y un parte policial falso, sin perspectiva de género, intercultural y de derechos indígenas.
Ante estos casos, los sobrevivientes reiteraron que la FEMDO debe investigar a todas las personas involucradas en las violaciones denunciadas, incluida la cadena de mando hasta los niveles más altos.
También pidieron al Poder Judicial de la Federación (PJF) realizar las acciones administrativas necesarias para resolver de inmediato los procesos que llevan más de 14 años en instrucción, así como a la Secretaría de Gobernación (Segob) garantizar la reparación integral del daño, incluido el tiempo que las víctimas permanecieron privadas de la libertad, incluso cuando posteriormente fueron absueltas.
Los firmantes señalaron que, aunque Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino están en prisión, todavía existen responsabilidades pendientes de investigar.
Además, afirmaron que Felipe Calderón no ha sido investigado por las personas que fueron torturadas e injustamente encarceladas durante su gobierno.
“Exigimos la pronta resolución de los procesos penales que continúan abiertos contra las víctimas, la investigación y sanción de todos los responsables, y la reparación integral del daño”, expresaron.
“La libertad no devuelve los años perdidos. Una recomendación no sustituye la reparación. Las víctimas y sus familias no debemos seguir pagando el costo de los crímenes del pasado”, concluyeron.
RM